La Argentina, sin seguro fiscal (Chile, Noruega y Colombia lo tienen)

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Hace pocos días, luego de un discurso presidencial, surgió un debate acerca de por qué el sector agropecuario no contrata seguros multiriesgo que le brinde cobertura frente a las inclemencias climáticas. El argumento oficial es que, luego de que supuestamente se produjeron varios años de buena rentabilidad en el sector, los productores deberían haber actuado sin miopía frente al riesgo al cual están expuestos cada año, en manos de la madre naturaleza.

Lo curioso del caso es que también podría argumentarse que el mismo Estado debería contar con un seguro «implícito» hacia el sector agropecuario y/o hacia sí mismo. La razón principal que se suele citar para la aplicación de los derechos a las exportaciones es que existe una ganancia extraordinaria en los sectores gravados, debido a los elevados precios internacionales de sus productos. Es el caso de la soja y el petróleo, por ejemplo, desde comienzos de la última década. En rigor de verdad, el citado es un argumento posterior, dado que inicialmente las retenciones se justificaron en las ganancias extraordinarias que obtendrían los productores de ciertas commodities tras la gran devaluación de 2002 y el «modelo de tipo de cambio real alto», que luego se dejó escapar.

Pero los problemas que genera la sequía o que podrían producir una reversión importante en los precios internacionales de las commodities no significan un riesgo sólo para los productores agropecuarios, sino también para el Tesoro Nacional, desde el momento que las retenciones constituyen alrededor de un 13% de sus recursos totales (llegaron a representar un 16% en 2008).

En otros países en el caso que existiese un impuesto o mecanismo especial para tratar con las ganancias «extraordinarias» de un sector, que se agrega al tradicional tributo a la renta que pagan todos los sectores, suele constituirse con su recaudación un fondo de reserva o estabilización que actúa en los hechos como un «seguro» para el sector que es gravado en forma extraordinaria: si existen contingencias con el clima u otro fenómeno natural que afecte su nivel de producción o hecho económico que reduce su precio, entonces el Estado extrae recursos del fondo de ahorro o reserva constituido en las épocas de altos precios y compensa al sector afectado, mejorándole el precio interno o por otra vía. Se trata de un enfoque simétrico, el Estado extrae recursos de un sector económico cuando las circunstancias extraordinarias son favorables a dicho sector, y los devuelve total o parcialmente cuando ocurre lo contrario.

Así ocurrió en Chile, por ejemplo, con el Fondo de Estabilización del Cobre. Actualmente existe una Regla de Superávit Estructural que obliga al país trasandino a ahorrar mucho en los años buenos para usar ese dinero en forma compensatoria en los malos. Noruega tiene un mecanismo similar ligado al petróleo. Colombia aprobó en 2011 un sistema para ahorrar recursos a partir del auge minero y petrolero.

¿Argentina hizo algo similar con la recaudación por derechos de exportación durante uno de los períodos de mayor aumento del PBI de su historia económica moderna? Claramente no. Su producido va a rentas generales y, una proporción menor, a un Fondo Federal Solidario con provincias y municipios, que en cualquier caso resultan en una asignación absolutamente procíclica: se gasta cuando se recauda, sin exigencias para formar fondos para contingencias. Obviamente no existe tampoco ningún compromiso para compensar a los sectores que aportan los derechos si su situación extraordinaria, en algún momento, pasa de ser buena a mala. Tampoco existe un debate en tal sentido, nunca existió.

Argentina no sólo no constituyó fondo de reserva o estabilización, sino que además año a año ve complicar sus finanzas públicas, tanto nacionales como provinciales:

c Se deteriora el superávit fiscal primario, que desde un 3,9% del PBI en 2004 cayó todos los años, hasta un déficit del 0,2% en 2011, neto de utilidades del BCRA. El conjunto de provincias agregaría otro 0,3% deficitario en el último año.

c Cae el respaldo de la base monetaria que significan las reservas del BCRA. Hacia el final de 2011 el organismo monetario se quedó sin reservas excedentes, que venía usando para pagar vencimientos de deuda pública en dólares durante los últimos años.

c Se deteriora la relevancia relativa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) previsional, formado por los ahorros que los trabajadores tenían en las AFJP, apropiados por el Estado en 2008 y ahora administrados por la ANSES. En el último trimestre de 2009, con sus recursos se pagaba el equivalente a un 136% del gasto de 12 meses de ANSES. En octubre de 2011, esa relación bajó al 113%. Prestarle barato al Estado mostrará sus costos más temprano que tarde.

Cuando el sector agropecuario sufre una crisis, por problemas climáticos o caídas de precios, afecta a otros sectores en forma directa e indirecta por sus efectos multiplicadores aguas arriba o abajo. Cuando el sector público entre en crisis fiscal, además de sus efectos directos e indirectos similares a los que produce el sector privado, suele entrar en emergencia y tomar decisiones que por lo general vulneran la seguridad jurídica de vastos sectores de la economía y la población, y así opaca la inversión privada por períodos largos. Por dicho motivo es muy importante, más que en el caso de los productores rurales, que el Estado cuente con un «seguro fiscal explícito o implícito» a ser utilizados en momentos de crisis o caída de la actividad económica.



(*) Presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea

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