“La Argentina ya habló”, dicen en el Gobierno; buitres y Griesa definen

Salvo que los fondos buitre soliciten un "stay" (amparo) o que el juez Thomas Griesa de una señal positiva autorizando el pago de los bonos reestructurados sin que cobren los holdouts, la Argentina va a ir al default, según aseguran en la Casa Rosada. En los últimos días fueron reiterados los contactos telefónicos que el titular del Palacio de Hacienda, Axel Kicillof y el mediador Daniel Pollack mantuvieron para encontrar una solución. La instrucción del juez Griesa al "special master" fue que llevara a cabo las acciones necesarias para que la Argentina no caiga en default, misión en la que, hasta el momento, ha fracasado.

En el terreno político, hubo expresiones que provocaron desde descontento y desaprobación en el Gobierno, hasta beneplácito. Una de las manifestaciones que más irritó a Cristina de Kirchner corresponde al presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, quien afirmó que "el Gobierno tendría que llamar a un pacto social, si no toda la responsabilidad va a caer en un jovencito o en una señora". Y agregó: "Tenemos un ministro que dice que es lo mismo un default o no". También provocaron obviamente rechazos en los medios oficiales las opiniones de economistas que hablaron de improvisación en las negociaciones. Por el contrario, fue recibida positivamente una columna de opinión del exministro kirchnerista Roberto Lavagna. En la misma consideraba que era preferible el "tifón" del default momentáneo, a causar el "tsunami" de una negociación que tirara abajo toda la reestructuración de la deuda (violando la RUFO). También fueron bien recibidas en el Gobierno este fin de semana las opiniones de otro exministro de Economía Jorge Remes Lenicov, quien desdramatizó una cesación de pagos.

Pero también funcionarios hacen críticas hacia adentro y apuntan al estudio de abogados que defiende a la Argentina, Cleary, Gottlieb, Stenn & Hamilton, ya que consideran que la defensa no fue la más apropiada. Desde Nueva York se defienden señalando que no siempre las autoridades nacionales siguieron los consejos de los abogados. Más aún, hacen referencia a anteriores gestiones en el Ministerio de Economía, las de Amado Boudou y Hernán Lorenzino durante las cuales, sostienen, la presidente Cristina habría sido mal asesorada.

Los distintos aspectos críticos de la negociación fueron revisados y ratificados por los pocos funcionarios de alto nivel que intervienen en el tema: además de Cristina de Kirchner, el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y el titular del Palacio de Hacienda, Axel Kicillof. La conclusión a la cual arribaron es que en todo momento los principales argumentos sobre los que se alertó se fueron cumpliendo, como ser: el riesgo de la cláusula RUFO; la demanda del resto de los holdouts, la falta de comprensión del problema por parte del juez Griesa, el riesgo para el sistema financiero y las reestructuraciones soberanas, entre otros aspectos. El tiempo de descuento ya comenzó: ahora dependerá del juez Griesa o de los fondos buitre el resultado del pleito ya que, según señalan en la Casa Rosada, "la Argentina ya habló.