El futuro de Rousseff quedó encomendado a 65 diputados que integrarán una comisión elegida ayer, que determinará si existen méritos jurídicos para la apertura de un proceso con miras a su destitución. Para preocupación de la mandataria dos legsiladores cercanos a su enemigo, Cunha, quedaron a cargo de dos puestos clave: Rógerio Rosso será el presidente y Jovair Arantes, el relator.
Anoche, el primer secretario de la Cámara baja, Roberto Mansur, entregó en la sede de Gobierno la notificación formal con lo que se abre el plazo para que la Jefa de Estado se defienda. Lo sucedido es sólo el primer paso de un engorroso proceso, que puede prolongarse durante meses y estirar así una crisis política con gravísimas repercusiones en la economía brasileña, que ya se sumergió en una recesión.
Las acusaciones contra Rousseff, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, se fundamentan en unas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que ocultó unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.
El proceso comenzó en diciembre pasado, pero fue interrumpido por "errores de procedimiento" detectados por el Supremo Tribunal Federal (STF), y fue retomado después de que el miércoles la corte esclareció el trámite.
Si bien las maniobras dirigidas a maquillar los resultados del Gobierno dieron pie a la solicitud, el proceso fue retomado ayer completamente contaminado por el agravamiento que tuvo la creciente crisis política del país, desatada por los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras y la divulgación de una escucha entre ella y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva horas antes de ser designado como ministro jefe de la Casa Civil (jefatura de Gabinete).
Aunque se basa en méritos jurídicos, el trámite será netamente político y la correlación de fuerzas en el Congreso será decisiva, y, en ese sentido, Rousseff recibió en los últimos días dos mazazos que pueden influir en el proceso.
El pasado sábado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) acordó que se tomará 30 días para decidir si permanece en el Gobierno o rompe con él.
La formación está liderada por el vicepresidente del país, Michel Temer, primero en la línea sucesoria en caso de una destitución, y cuenta con la segunda minoría en la Cámara baja, con 66 de los 513 escaños, mientras que es la primera fuerza en el Senado, con 18 de los 81 asientos.
Este miércoles, el Partido Republicano rompió con el Partido de los Trabajadores (PT) por las escuchas de una conversación entre la mandataria y Luiz Inácio Lula da Silva, y engrosó la oposición con sus 21 diputados.
Las formaciones con mayor participación en la comisión serán el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, y precisamente el PMDB, presionado por las alas disidentes que exigen abandonar al Gobierno.
Ambos tienen ocho miembros en la comisión, dos más que el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), mientras que otros 20 partidos contarán con hasta cuatro diputados.
La elección de los miembros de la comisión se dio en medio de un constante alboroto, con la bancada opositora entonando "Fuera Dilma" y el oficialismo respondiendo "golpistas".
El anuncio de la elección de la comisión, hecho por Cunha, enjuiciado en el STF por presunta corrupción vinculada a Petrobras, fue festejado por los opositores, que entonaron el himno nacional entre las protestas del oficialismo.
Analistas señalaron ayer que pese al aparente equilibrio en la representación partidaria, hay una tendencia de la comisión a favor de la destitución.
Asesores del Gobierno estaban confiados a principios de este año de que se podrían reunir los 171 votos necesarios para bloquear el "impeachment", pero la ola de protestas y las revelaciones en la investigación de corrupción pusieron en duda la supervivencia de la mandataria.
| Agencias EFE, AFP, ANSA, DPA y Reuters, y Ámbito Financiero |
