La Corte busca que el Congreso debata decreto

María José Sarmiento

Los especialistas en temas legales creen que la sala de feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dará lugar a la apelación del Estado nacional sobre los fallos de la jueza María José Sarmiento, pero con efectos distintos. Se afirma que la Cámara resolverá dar lugar a la apelación sobre el DNU 2010 con efecto devolutivo, es decir, sin suspender sus efectos, con lo cual esa medida de la jueza seguiría vigente.

Esto sería así porque si bien la ley de amparos prevé siempre el efecto suspensivo en caso de la apelación de una cautelar, hay razones de suma gravedad que permiten dictar el efecto devolutivo, con lo cual el primer fallo continúa vigente mientras se apela.

Sin embargo, la Cámara daría lugar a la apelación sobre la medida que obliga a reponer a Martín Redrado al frente del Banco Central con efecto suspensivo, con lo cual el funcionario debería abandonar el cargo y la sede del Banco, hasta que se expida el Congreso o, si éste no lo hace, la Justicia en todas sus instancias.

Un hecho crucial en el actual proceso judicial es que el 30 de diciembre, al dar lugar en 24 horas al recurso interpuesto por la provincia de San Luis contra el decreto 2010 y habilitar la feria judicial para tratar el tema, la Corte Suprema sentó una posición frente a ese DNU. A la manera de un indicio claro para el Poder Judicial y los otros poderes, el máximo tribunal busca que el DNU 2010 sea tratado por el Congreso antes de ser puesto en vigencia.

Por eso, la decisión de la jueza Sarmiento al dictar una cautelar frenando los efectos del 2010 entra dentro de lo previsible. La magistrada, así como los otros jueces de primera instancia del fuero contencioso administrativo, es antes que nada una verticalista de la familia judicial.

Se afirma que los magistrados del fuero contenciosos, en los que predominan las mujeres, tienen de alguna manera una vinculación intelectual con el juez de la Corte Enrique Petracchi, y que difícilmente tomen decisiones claves que involucran al Estado nacional sin un guiño de él y de otros integrantes de la Corte.

En 1994, la jueza Sarmiento y otras colegas suyas del fuero contencioso administrativo, a las que se sumaron jueces de varias provincias, lograron hacer retroceder al ex ministro Domingo Cavallo con el proyecto original de rebalanceo de las tarifas telefónicas. Tal como estaba concebido al principio, el primer minuto de comunicación iba a costar tres veces más que el resto, y el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) quedaba dividida en varias subzonas en las que ya no habría tarifa local, sino un precio de media distancia. La Corte de aquella época, no la actual, terminó votando el rebalanceo modificado.

Sin embargo, el fallo que repone a Redrado en el Banco Central generó una polémica dentro del fuero. El jurista Eduardo Barcesat cuestionó ese fallo de Sarmiento, considerando que la presidente Cristina de Kirchner puede remover por decreto al presidente del Banco Central, y que el consejo del Congreso al que refiere la carta orgánica del Central no es obligatorio.

Los observadores creen que el fuero contencioso y la Corte están más cerca de la posición de Barcesat que de la de otros juristas, como Daniel Sabsay, que opinan lo contrario.