La Corte que quiere gobernar reabre el debate en favor de la libertad sindical

La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá hoy en audiencia pública a las partes involucradas en un caso por supuesto despido arbitrario, así como a especialistas en el tema, en un encuentro que promete abrir un fuerte debate sobre los alcances de las garantías constitucionales en la protección de despidos. Será la primera de las tres reuniones convocadas el lunes pasado, sobre causas vinculadas con la protección contra el denominado «despido discriminatorio» y con el tratamiento de residuos radiactivos.
Las convocatorias anuncian cruces y polémicas, en especial las que se refieren a cuestiones laborales: ambas se encuentran en la línea del fallo sobre libertad sindical dictado por el tribunal a fines del año pasado y que provocó un cimbronazo en la relación entre el Gobierno y la CGT.
La audiencia de hoy será a las 10 y tratará la causa «Sánchez, Carlos Próspero c/Auditoría General de la Nación». En ella se discutirá el alcance de las garantías constitucionales de estabilidad y de protección contra el despido arbitrario, en referencia a empleados contratados por dependencias estatales para desarrollar tareas que exceden requerimientos transitorios o excepcionales.
La siguiente reunión tratará el 15 de abril la causa «Pellejero, María Mabel s/amparo», que denuncia un presunto despido de una empleada por desempeñar funciones sindicales, sin estar afiliada a un sindicato debidamente inscrito. Este caso sentará precedente sobre la discusión que plantea la nulidad de las cesantías dispuestas contra delegados gremiales. Un tema sobre el que la Corte tiene además por lo menos otras tres causas pendientes, con características similares (todas tienen en común que los empleados despedidos realizaban actividades sindicales ad hoc).
Finalmente, el 6 de mayo se realizará la audiencia que discutirá la causa «Schroder, Juan c/INVAP SA y EN s/amparo». La demanda apunta al supuesto incumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa en materia de tratamiento de residuos radiactivos, según el convenio celebrado con Australian Nuclear Science & Technology Organisation (ANSTO).
El máximo tribunal profundiza así la línea de «apertura a la sociedad y gestión» propuesta por su actual presidente, Ricardo Lorenzetti, a través de medidas como el llamado de audiencias públicas y el uso de la figura «amigos del tribunal».