La Corte suma más apoyos y siguen críticas a reforma

Elisa Carrió

Subrogancias de juzgados vacantes, capacitación de jueces y la autarquía presupuestaria continúan entre las principales preocupaciones de la Corte Suprema respecto de la reforma judicial que el Gobierno impulsa en el Congreso. Para el máximo tribunal serán los próximos puntos de discusión con el kirchnerismo luego de haber logrado conservar las principales facultades de superintendencia. El acuerdo del pasado martes, con asistencia perfecta, se vio dominado por estas objeciones que ya estimulan respuestas más contundentes. Mientras la reunión transcurría en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, las cámaras federales de todo el país enviaban notas de respaldo a la Corte. Es el prólogo de una contienda judicial que no ha hecho más que comenzar.

Cuestiones de táctica y estrategia animaron el cónclave de los ministros. Para ellos la reforma se divide en dos partes: una centrada en los aspectos judicializables (sobre los cuales, por ahora, prefieren mantener silencio, aunque el análisis de gran parte de sus secretarios es demoledor) y otra en las cuestiones que involucran a la Corte como cabeza de un poder. Este último es el que genera las posiciones más firmes.

En el caso de las subrogancias, consensuaron que sigue siendo un tema crítico de la reforma que las reservas para el Consejo de la Magistratura. La falta de jueces nombrados con acuerdo del Senado ha sido siempre un tema en los discursos de Ricardo Lorenzetti. Ante las demoras del Consejo, especialmente en casos de lesa humanidad, la Corte tomó la premisa de facilitar la cobertura de vacantes. Para los ministros, el problema no pasa por quién los designa, sino que directamente prefieren la convocatoria de jueces jubilados antes que subrogantes sensibles a las presiones del poder político.

Un justice recordó el fallo Rosza, de 2007, en el cual mediante la acordada 16/2007 la Corte estableció el límite a las subrogancias. Resolución que tuvo efecto en el interior del país, así como en la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, donde en 2012 el Gobierno embistió contra jueces jubilados que habían tratado la causa por la ley de medios.

Tampoco convence a la Corte que, según la reforma, se unifiquen los presupuestos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, especialmente en lo referido a los 5.000 millones de pesos que figuran entre los ahorros de este último. La posibilidad de un canje por bonos del Ministerio de Economía generaría respuestas contundentes, como podría ser una acordada administrativa que frene posibles decretos. "De nada sirvió conservar las atribuciones administrativas si no hay fondos para ejercerlas; esto no se va a tolerar de ningún modo", sostuvo, a modo de resumen, uno de los ministros.

Un detalle: hasta ahora, la Corte nunca ha discutido por fondos con el Gobierno, sólo por facultades, ya que éstos siempre estuvieron bajo la órbita del máximo tribunal. Es el mismo modelo de Brasil y Estados Unidos.

No se trata de un conflicto económico, sino político: para la Corte, la ejecución de políticas públicas desde oficinas especializadas es lo que la diferencia de ser un mero tribunal al tiempo que le da la posibilidad de ofrecer resultados concretos de gestión. La posible pérdida

de este lineamiento genera los comentarios más extremos en los acuerdos: "Si el Gobierno quiere tirar la Corte a la basura, que lo haga; nosotros no vamos a terminar en el tacho".

Una mayor injerencia del Ministerio de Justicia en la capacitación de jueces también alienta diversos señalamientos. Los ministros temen que estos cursos, que tendrían primacía sobre los de la Escuela Judicial, adquieran un tinte más político que técnico.

Durante la mañana del martes, la Corte recibió notas de apoyo de prácticamente todas las cámaras del país. Estos jueces agrupados en la Junta de Cámaras y de contacto directo con la Corte entienden que el escenario sería aún más adverso en caso de una renuncia en bloque del máximo tribunal. "Siempre nos van a preferir a nosotros para entender sobre la constitucionalidad de este paquete de leyes antes que al listado de subrogantes que podrían reemplazarnos", anotó un justice.

Sólo faltó una adhesión: la de la Casación Penal, que preside el camarista Gustavo Hornos en paralelo también al jefe de los camaristas federales. En esta instancia existen discrepancias entre parte de los integrantes de la Casación y Hornos por la nota que éste entregó a Lorenzetti y que luego fue girada al despacho de Julián Domínguez.

Un párrafo aparte les dedicaron a las declaraciones de la diputada Elisa Carrió, quien la semana pasada habló de un supuesto "pacto espurio"entre Lorenzetti y el Gobierno para lograr que se modificara la letra original de los proyectos del Gobierno. "No hay que darle tanta importancia, Carrió se dejó llevar por información intencionada que le dio algún juez, son peleas de gallinero", entendieron en un momento de distensión.