La CPI pone la lupa sobre los abusos cometidos por el Gobierno de Maduro

La decisión se refiere a delitos cometidos durante las protestas de 2017. La fiscal rebelde Luisa Ortega había proporcionado miles de documentos probatorios. El chavismo rechazó el anuncio.

La Haya y Caracas - La Corte Penal Internacional (CPI) anunció ayer la apertura de exámenes preliminares por "presuntos crímenes" de lesa humanidad a raíz de informaciones sobre el uso de "fuerza excesiva" de los cuerpos de seguridad venezolanos y el empleo "de medios violentos" por parte de manifestantes. La decisión fue criticada por el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes, decidí abrir un examen preliminar" sobre la situación en Venezuela, dijo en un comunicado la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien también anunció exámenes sobre Filipinas.

Es la primera vez que la CPI decide abrir dos investigaciones de este tipo simultáneas, por denuncias de opositores.

En el caso venezolano, desde abril de 2017 "se alegó que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones y que detuvieron y encarcelaron a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato", señaló.

"También se informó que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad", añadió el comunicado de la CPI.

"Venezuela rechaza de manera firme y categórica la apertura de un examen. Venezuela es un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, que otorga preeminencia a los Derechos Humanos", reaccionó el Gobierno de Nicolás Maduro a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"El pueblo venezolano fue víctima de alteraciones del orden público organizadas por sectores de la oposición venezolana extremistas y antidemocráticas, con la finalidad de derrocar el Gobierno", acotó el comunicado de la Cancillería que, no obstante, aseguró que brindará "plena contribución para que se diluciden los hechos".

En medio de una grave crisis política y socioeconómica, más de 120 personas murieron en Venezuela entre abril y julio de 2017 durante manifestaciones contra Maduro que fueron brutalmente reprimidas.

La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega había urgido a la CPI en noviembre a que investigara los presuntos abusos y torturas cometidos por las fuerzas de seguridad. "Nicolás Maduro y su Gobierno deben pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad", dijo entonces, al presentar ante la sede de la CPI en La Haya un legajo con 1.000 piezas de evidencias.

Javier Cremades, abogado de la defensa internacional del opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado, dijo que la decisión de la fiscal Bensouda es "una gran victoria". "Si el procedimiento sigue adelante podría acabar con Maduro en la cárcel, tal como hemos visto con algunos genocidas de la guerra de los Balcanes", afirmó.

También celebró la apertura de la investigación preliminar el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que escribió en Twitter: "Esta medida es bienvenida por todos aquellos que aspiran al fin de la impunidad y al logro de la Justicia".

El anuncio de la CPI llegó el mismo día en que el Parlamento Europeo pidió extender las sanciones europeas a Maduro, al vicepresidente Tareck el Aissami y a su entorno, y a la petrolera estatal PDVSA, al considerarlos "responsables del agravamiento de la crisis".

Agencias AFP, EFE, DPA, ANSA y Reuters