6 de julio 2017 - 23:00

La economía, la otra víctima de una crisis sin final a la vista

La revuelta social contra el Gobierno bolivariano y la represiva respuesta oficial elevarán la caída del Producto de este año al 9%. La inflación, en tanto, se encamina al 720%.

Día dramático en caracas. Diputados heridos, agresores desatados dentro del edificio del parlamento y un legislador que fue internado con pronóstico reservado. Postales de una Venezuela violenta que no encuentra el fondo de sus crisis.
Día dramático en caracas. Diputados heridos, agresores desatados dentro del edificio del parlamento y un legislador que fue internado con pronóstico reservado. Postales de una Venezuela violenta que no encuentra el fondo de sus crisis.
Caracas - Venezuela está semiparalizada. Disturbios que dejaron 91 muertos, vías cerradas, estudiantes sin clases, comercios vacíos y ladrones que aprovechan el caos marcan la cotidianidad en los poco más de tres meses de protestas contra Nicolás Maduro.

El Observatorio de Conflictividad Social (OVCS) contabiliza unas 2.700 manifestaciones desde el 1 de abril, lo que complica aún más a una población que ya lidia con la falta de alimentos y medicinas, la inflación y la criminalidad.

"Se llevaron absolutamente todo", cuenta con desazón Ricardo Rivas, dueño de una carnicería saqueada en la noche del 16 de mayo en San Cristóbal (estado de Táchira, oeste), junto con otros 20 comercios.

Visitaba a su madre cuando lo telefonearon para decirle que hombres armados destrozaron, en hora y media, el esfuerzo de años.

Se llevaron toda la carne y también cuchillos, molinos, cámaras, computadoras. Solo quedaron las heladeras.

"Me provocó cerrar e irme, pero soy de los que cree que uno debe quedarse y luchar", dijo el comerciante de 29 años, quien puso en venta su camioneta y despidió a la mitad de los empleados para mantenerse a flote.

En los dos primeros meses de manifestaciones se registraron 157 saqueos o intentos de saqueo, según el OVCS. La cifra sigue aumentando y agrava la escasez.

Venezuela perdió el 70% de sus empresas en la última década y las que quedan funcionan al 30% de su capacidad, según la patronal Fedecámaras.

Desde su panadería, Daniel Dacosta ve a encapuchados listos para una nueva batalla campal con policías y militares en Altamira, sector acomodado de Caracas. Cerró una vez más.

Las protestas empeoraron el desabastecimiento de harina, obligando a este portugués de 64 años a despedir a dos trabajadores y a reducir horarios. El negocio funciona al 50%.

"Los clientes no llegan, la situación es explosiva", sostiene. La "gente tiene miedo a salir por las bombas lacrimógenas y los malandros".

María Carolina Uzcátegui, presidenta de la gremial Consecomercio, dijo que las pérdidas son "cuantiosas", pues las manifestaciones afectan a los mayores centros empresariales y financieros.

Si la tensión se mantiene hasta el último trimestre, el PBI se contraería 9% en el año frente a una previsión original de -4,3%, indicó Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica.

Jean Carlo Ponce debe ingeniárselas para esquivar piquetes y barricadas con su taxi. Los días de manifestaciones la clientela disminuye y queda hasta dos horas parado.

"Cuando termina la protesta, todo el mundo se va y uno queda a la deriva, entonces es mejor no seguir aquí a riesgo de que le roben a uno el carro o la plata", cuenta.

"Tratamos de irnos a zonas donde no haya riesgo de que nos quemen el taxi", sostiene Jean Carlo. Solo una cubierta cuesta lo que gana en un mes.

Durante las movilizaciones cierran hasta 30 estaciones del subterráneo, pero eso no lo beneficia. El servicio, lamenta, es impagable para la mayoría por la inflación, que el FMI proyecta en 720%.

Según la ONG Cenda, una familia necesita siete ingresos mínimos para cubrir la canasta básica. El Gobierno atribuye la debacle a una "guerra económica" para derrocarlo.

Estudiante de idiomas en una de las principales universidades privadas, Laura Doffiny pierde semanalmente hasta tres días de clases ante la imposibilidad de movilizarse. "Debería tener diez clases presenciales a la semana y termino teniendo tres o cuatro", dice la joven de 21 años.

Además, la universidad declaró tres días de duelo tras la muerte de su estudiante Juan Pernalete en abril en una protesta, y los exámenes se retrasaron.

"Hay una materia -de cinco- en la que no he tenido ni una clase", comenta Laura, quien admite que la calidad desmejora.

Si no tiene clase, va a manifestar. A veces las evaluaciones coinciden con las protestas y, a regañadientes, cumple el deber académico.

Algunos alumnos discuten con los profesores y entre sí. "Venezuela necesita profesionales, no mártires", señala una pancarta en su universidad.

Karelis Rojas recibe el impacto de las protestas por partida triple: como ama de casa, como trabajadora y como manifestante.

Sus hijos -una niña de doce años y un varón de cinco- dejaron de estudiar durante tres semanas por los disturbios en el oeste de Caracas. Aunque dos cuadras separan su casa de los colegios, hay riesgos. "La gente que vive cerca de las escuelas avisa (por WhatsApp) si hay tanquetas o no, si están cerrando las calles. Y así decidimos si los llevamos", dijo esta madre soltera de 37 años.

Los gases han penetrado en su departamento, debiendo encerrar a los niños en un cuarto. Los vecinos hacen vigilias por temor a partidarios del Gobierno supuestamente armados que "marcaron" el edificio como refugio de "guarimberos" (manifestantes violentos). Esto deja secuelas en el menor, a quien debió llevar al psicólogo. "El miedo, la zozobra que uno tiene, lo afectó", relata.

Agencia AFP

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