El referendo secesionista ignora la Constitución y no establece un mínimo de participación para que sea vinculante.
Barcelona - Las autoridades catalanas se comprometieron ayer a declarar "inmediatamente" la independencia de esta región del noreste de España en caso de que el "sí" gane el referendo de autodeterminación que el Gobierno regional quiere celebrar el 1 de octubre.
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Esta declaración será efectuada por el parlamento regional de Cataluña en los dos días siguientes a la publicación de los resultados que determinen la victoria del "sí", según establece la proposición de ley del referendo presentada conjuntamente por todos los partidos independentistas. "El día 1 de octubre habrá un voto decisivo, respetaremos el voto de todos los ciudadanos de Cataluña", insistió el presidente regional Carles Puigdemont en un acto para explicar la ley y la organización del referendo a los ciudadanos.
El texto "establece un régimen jurídico excepcional" por el que "prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto". Así, los independentistas ignorarían la Constitución española, que consagra la unidad nacional de España, y las resoluciones del Tribunal Constitucional, que hasta ahora ha suspendido todos sus pasos hacia el referendo.
"Es un golpe de Estado con forma y apariencias democráticas", criticó Xavier García Albiol, líder regional del partido conservador del jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy. Su ejecutivo considera que las decisiones sobre la unidad de España deben tomarlas el conjunto de los españoles y repite incesantemente que no habrá referendo.
El texto confirma la fecha y la pregunta previamente anunciadas por Puigdemont, "¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?", y establece como censo electoral los residentes en Cataluña mayores de 18 años con derecho a voto y los catalanes en el extranjero. La votación, aseguran, será supervisada por observadores internacionales y una sindicatura electoral que todavía debe ser creada una vez se apruebe la ley. Asimismo, no se establece una participación mínima para que la consulta sea vinculante.
Los líderes catalanes buscan celebrar este referendo desde 2012 respondiendo al auge del independentismo producido en esta rica región de 7,5 millones de habitantes, la segunda más poblada y la primera más rica de España.
Inicialmente el plan contemplaba declarar la independencia en 18 meses, pero finalmente Puigdemont optó por promover el referendo. Su celebración es incierta por la presión judicial sobre el Gobierno y el parlamento regional, la posible suspensión de la autonomía regional que podría aplicar el Gobierno de Rajoy y los problemas logísticos del Gobierno catalán, que todavía no pudo comprar ni siquiera las urnas.
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