La Justicia colombiana suspendió el acuerdo por las bases de EE.UU.

Bogotá - La Corte Constitucional colombiana dejó sin efecto ayer el acuerdo suscripto en octubre de 2009 que autoriza el uso de siete bases colombianas por parte del Pentágono estadounidense, al menos hasta que sea aprobado por el Congreso. Esta decisión afecta un pacto clave que había generado una profunda crisis en la región, y que motivó una agitada cumbre de la Unasur en Bariloche, hace un año.

Al no haber sido avalado por el Congreso, «el acuerdo no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta tanto no satisfaga dicha exigencia», declaró el presidente de la Corte, Mauricio González. Asimismo, la «Corte Constitucional resolvió remitir al presidente» Juan Manuel Santos el texto para que se inicie el respectivo trámite.

González explicó que «el acceso a bases militares era una obligación no contenida en acuerdos anteriores» entre Colombia y EE.UU.

Al respecto, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, señaló que el Gobierno de Santos «acata la decisión proferida por la honorable Corte Constitucional en sala plena», y reiteró la apuesta estratégica a la alianza militar de su país con EE.UU.

En principio, se supone que el paso del pacto militar por el Congreso será un mero trámite, habida cuenta de la sólida mayoría gubernamental. Luego de la segura aprobación, el texto volvería a la Corte, para un análisis sobre el fondo del asunto.

El tribunal se pronunció a raíz de una demanda presentada por la ONG de abogados Colectivo José Alvear Restrepo, que consideraba que dicho convenio violaba la Constitución puesto que, entre otras cosas, ofrecía inmunidad a los militares norteamericanos.

El pacto, que fue negociado durante varios meses por el entonces ministro de Defensa Santos, y llevó a que el inefable Hugo Chávez congelara las relaciones con Colombia, al considerarlo como una amenaza para la seguridad de su país.

La alianza permitía que militares de Estados Unidos utilizaran al menos siete guarniciones colombianas durante 10 años, para sus actividades de lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

Tras la firma del acuerdo, conocido en junio de 2009 y consagrado en octubre, Chávez ordenó congelar el comercio con Colombia.

Caracas y Bogotá restablecieron hace una semana sus relaciones diplomáticas, después de que Chávez las suspendiera en julio por denuncias de Bogotá de que líderes de la guerrilla se refugiaban en ese país con la tolerancia del Gobierno de Caracas.

Estados Unidos es el principal aliado de Colombia: desde el año 2000 ha entregado a Bogotá más de u$s 6.000 millones.

La Corte Constitucional aclaró que no examinó la legalidad o la ilegalidad del acuerdo militar, sino únicamente su trámite.

González dijo que los acuerdos que firmaron Bogotá y Washington en materia de seguridad antes de 2009 quedan vigentes, aunque aclaró que si hay presencia de tropas estadounidenses en bases de Colombia al amparo del tratado que quedó sin vigencia, deben salir de esas instalaciones militares.

Los acuerdos previos a la firma del que quedó sin vigencia establecen que 800 militares y 600 contratistas de Estados Unidos pueden permanecer en Colombia para apoyar operaciones contra el narcotráfico y la guerrilla izquierdista.

El ex presidente Álvaro Uribe consideró en su momento que no era necesaria la aprobación del convenio con EE.UU. porque era la continuidad de otro pacto bilateral militar firmado en 1974.

Agencias Reuters, AFP y EFE