La justicia española vetó el referéndum y arrecia el conflicto con Cataluña

El presidente regional, Carles Puigdemont, emitió un decreto con la pregunta que se hará: independencia y república.

Decidido. Mariano Rajoy amenazó con apelar a todos los recursos para evitar la independencia de Cataluña.

Madrid - El Tribunal Constitucional (TC) de España suspendió ayer la ley del Parlamento de Cataluña que regula el referéndum sobre la independencia de esta región autónoma y también el decreto que lo convoca para el 1 de octubre próximo, firmado por el Gobierno catalán.

El TC aceptó tramitar los cuatro recursos del Gobierno de Mariano Rajoy contra todas las normas sobre el referéndum aprobadas el miércoles por la mayoría secesionista de la cámara legislativa y las autoridades políticas catalanas, lo que para el poder central implica su suspensión automática y cautelar hasta que haya una sentencia de fondo, algo que se estima no será acatado por los separatistas y profundizará el curso de colisión institucional.

"Esa consulta no se va a celebrar en ningún caso" , argumentó Rajoy al informar a la prensa de la presentación de los recursos. "Lo que ocurrió (el miércoles) supone un acto de desobediencia, chapucero, a nuestras instituciones democráticas y el Gobierno tiene que defender las mismas. Todos estamos obligados a cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional", sostuvo.

"Lo que no es legal no es democrático", argumentó además, y añadió que defenderá "el imperio de la ley" y hará todo lo necesario, "sin renunciar a nada", para evitar el proceso secesionista.

"En España se puede ser independentista. Lo que no se puede hacer, y no se hará, al menos mientras yo sea presidente del Gobierno, es pasar por encima de nuestras normas democráticas para conseguirlo", remató. Una definición que fue tomada con burlas por los separatistas, para quienes indica que "en España se puede ser independentista pero no lograr la independencia".

En tanto, Rajoy recibió el respaldo total del líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, y el del partido Ciudadanos (liberales), Albert Rivera, con los que se reunió por separado.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, anunció una querella contra el Gobierno regional de Cataluña por el decreto de convocatoria, que se suma a la que se presentará contra los miembros de la Mesa (órgano de dirección) del Parlamento catalán que permitieron la tramitación de la ley del referéndum.

A pesar de ello, las autoridades catalanas siguen adelante con los planes de celebrar la consulta de autodeterminación ese día, algo que el Ejecutivo central considera ilegal.

"Ya puede tronar, nevar o hacer mucho viento. Nosotros haremos esto porque es nuestro contrato con los ciudadanos de Cataluña", argumentó hoy el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, en declaraciones a los medios de comunicación (ver aparte).

Además, la Mesa decidió tramitar la proposición de "Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República (catalana)" para que sea debatida y votada por el pleno del Parlamento, con la oposición de los partidos catalanes contrarios a la independencia.

Frente a las decisiones de los independentistas para celebrar el referéndum, el Consejo de Ministros español decidió, en una reunión extraordinaria, presentar los recursos correspondientes con el aval de los dictámenes del Consejo de Estado (CE), máximo órgano consultivo.

El CE considera que la ley catalana es inconstitucional "en grado máximo". Recuerda que la convocatoria de un referéndum es competencia exclusiva del Estado central y, por tanto, ni el Parlamento ni el Gobierno autonómicos tienen competencias para ello.

Además, las comunidades autónomas (regiones), y en este caso Cataluña, "carecen de los atributos de soberanía" que son "exclusivos del pueblo español" en su conjunto.

El Ejecutivo español pidió al Tribunal Constitucional la nulidad de las normas catalanas y que se notifique "personalmente" la suspensión de las mismas al presidente regional, Carles Puigdemont, a todo su gobierno y otros cargos principales relacionados con el referéndum.

Igualmente, se solicita la notificación de la suspensión a todos los alcaldes de los municipios catalanes y que se les advierta del "deber de impedir o paralizar" cualquier medida tendente a la organización de la consulta.

De hecho, Puigdemont comunicó a través de un decreto complementario, también apelado por el Ejecutivo español, la pregunta del referéndum -ya conocida- estará escrita en catalán, español y aranés (legua de un valle catalán de los Montes Pirineos): "¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?".

Los miembros de las mesas electorales se designarían por sorteo y tendrían la "obligación" de presentarse si son elegidos.

Podrían votar los mayores de 18 años inscritos en el censo electoral, e incluso los que cumplan la edad el día de la votación.

Los residentes en el extranjero deberán haber solicitado formalmente la participación en la votación, y en Cataluña el voto será presencial con el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o permiso de conducir españoles para identificarse.

En tanto, el antecedente separatistas inquieta a Europa. El Parlamento Europeo señaló a través de su presidente, el italiano Antonio Tajani, que el referéndum es "una acción contra el marco jurídico de la Unión Europea (UE)".

En una carta publicada ayer, en la que subraya que una Cataluña independiente quedaría automáticamente fuera de la UE, añadió que "cualquier acción contra la Constitución de un Estado miembro, es una acción contra el marco jurídico de la UE".

Agencias EFE, DPA y AFP