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La justicia negó que en 2007 hubiera fraude
Las denuncias, además, se empezaron a instalar nuevamente como un tema prioritario frente al proyecto que impulsa la oposición de utilizar una «boleta única» en las próximas elecciones, con el objetivo de mejorar su transparencia. En este contexto, las denuncias de fraude son usadas como argumento por empezar el debate de la reforma, estrategia política que el Gobierno buscó evitar. Para el oficialismo una cosa es el cambio de una técnica electoral, como el proyecto de boleta única, que debe decidirse en el Congreso, y otra muy distinta son las denuncias de fraude». La estrategia de la oposición de fundamentar el proyecto con la sospecha de fraude la ven como una forma de presionar a la Justicia, que es la encargada de controlar los comicios».
Florencio Randazzo señaló ayer que «la capacitación y el control del resultado es responsabilidad de la Justicia Electoral, y en ese sentido siempre fue un ejemplo de transparencia».
Críticas
El titular de la cartera aprovechó el pronunciamiento de la Cámara para criticar a la oposición, a quienes pidió «responsabilidad para tratar una reforma integral del sistema político argentino», además de expresar alarma por «tener una oposición con tanta liviandad, que acusa al Ministerio del Interior por responsabilidades que no tiene». La Coalición Cívica, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Concertación para Una Nación Avanzada (UNA), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero (PO) habían denunciado ausencias de boletas al inicio de los comicios 2007 en el partido de La Matanza, pero la Cámara desestimó la denuncia por no encuadrar en los artículos 110 y 111 del Código Electoral Nacional. También tuvo en cuenta las resoluciones de los 24 distritos electorales, quienes aportaron pruebas para desestimar el fraude.
La Cámara agregó en su respuesta al Ministerio del Interior que «desde 1983 se ha encargado de asegurar la más genuina expresión de la voluntad popular y se ha cumplido de un modo cabal, ininterrumpido y sin cuestionamientos que exceden el ámbito de los asuntos contenciosos desde el restablecimiento de las instituciones de la República, a principios de la década del 80».


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