La ley Durañona también se metió en la campaña

• Casa Rosada sigue de cerca ensayo mendocino para reformar la constitución local con reelecciones

Carlos Menem, Raúl Alfonsín, Roberto Iglesias

Las reformas constitucionales deben ser siempre convocadas con un fin específico. Definirlo no suele ser el principal problema para avanzar en esos procesos y menos cuando la agenda de todas las reformas que se recuerdan en las últimas décadas ha incluido alguna variante reeleccionaria sin excepción. El núcleo de coincidencias básicas que nació del Pacto de Olivos es el ejemplo más concreto. Por lo tanto, la motivación siempre es clara, aunque se la acompañe luego de otros cambios.

El problema de las reformas constitucionales, entonces, es siempre una cuestión numérica y no de contenido. Esto último se resuelve con relativa facilidad; lo primero es definitorio.

Esta semana, el país volvió a convertirse en un laboratorio para procesar de nuevo el viejo experimento: transformar la falta de número de un oficialismo circunstancial en un ensayo para tentar una reforma que siempre está en expectativa. El justificativo lo dio una declaración del gobernador de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, cuando reconoció que enviará un decreto para convocar a una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución provincial. El contenido, entre otros puntos, será darles la reelección por única vez a intendentes y también al binomio gobernador y vice.

Esa convocatoria se basa en una arquitectura legal que sólo puede encontrarse en la historia reciente mendocina: la habilitación la da un plebiscito convocado en 2001 por el entonces gobernador radical Roberto Iglesias (actual precandidato a diputado enfrentado a Julio Cobos y que ayudó a dividir a la UCR en estas elecciones tanto como Víctor Fayad, intendente de Mendoza) para reformar la Constitución, algo en lo que nunca pudo avanzar, y una rara interpretación de la Constitución provincial que estipula que ese referendo será válido siempre que cuente con el voto positivo de la mitad más uno de los votantes efectivos, cuando la Suprema Corte mendocina restringió el requisito a la mitad más uno del padrón electoral.

De nuevo, entonces, el caso mendocino tensará los números en un ejercicio que la Casa Rosada sigue de cerca. Volverá a sobrevolar el fantasma de Francisco Durañona y Vedia con el invaluable servicio que desde su banca de la UCeDé le prestó a Carlos Menem para avanzar con la reforma reeleccionista de 1994.

Durañona presentó en Diputados un proyecto de ley para reinterpretar el artículo 30 de la Constitución en el párrafo que dice: "La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros". Para Durañona debía entedenderse que para declarar la necesidad de la reforma sólo bastaba reunir los dos tercios de los miembros presentes de cada cámara, lo que reduce el escalón de exigencia de forma sensible. Además, en esas condiciones, con un acuerdo político se pueden lograr los dos tercios, aunque el oficialismo de ese momento esté lejos de los dos tercios "reales".

Ese proyecto de Durañona nunca llegó a votarse, pero no hizo falta. Ya en ese momento el menemismo lo corría de apuro a Raúl Alfonsín con la certeza de que por ese camino podría completarse en Diputados la declaración de la necesidad de la reforma. Dos gobernadores radicales, además, apoyaban las reelecciones (Carlos Maestro y Horacio Massaccesi) y Eduardo Angeloz amenazaba con abstenerse. Alfonsín negoció con Menem y probó que en esta materia, además de la flexibilidad de los números, la oportunidad y el apuro pueden jugar la carta definitiva.

Es lo que se sintió desde ayer transportando el ejemplo mendocino a la Nación, aunque no se trate, por ahora, de mucho más que un experimento en medio de una campaña en la que el oficialismo no hablará de reelecciones.