1 de diciembre 2011 - 00:00

La oposición nunca tomó en serio la Ley de Primarias

Néstor Kirchner
Néstor Kirchner
Cuando en la Argentina de fines de 2001 las políticas aplicadas durante los 90 se enfrentaron con el país real e hicieron eclosión, la sociedad enjuició a esos gobernantes por su falta de coraje para cambiar esa inercia adaptándose al siglo XXI y los sancionó exigiéndoles «¡que se vayan todos!». Se quebró ahí el bipartidismo porque se inició la gran diáspora radical; unos pocos se quedaron en el viejo partido, la mayoría como Elisa Carrió o Ricardo López Murphy se pusieron a armar nuevas formaciones nacionales como el ARI, Recrear o el PRO y el resto buscó refugio en las ONGs o el periodismo. Lo cierto es que el PJ, hasta entonces en la oposición, debió volver -acelerando la alternancia- para hacerse cargo del Gobierno y se quedó como única alternativa en la vida institucional argentina. Sin una oposición consistente, el PJ pudo ofrecer en 2003 tres posibilidades diferentes para gobernar el país, sin peligro de perder las elecciones.

Mientras Néstor Kirchner primero y Cristina de Kirchner después gobernaban el país del siglo XXI, fueron unificando ese peronismo dividido en tres. En tanto la UCR y las distintas expresiones políticas individuales o colectivas, nuevas o viejas, continuaron su dispersión sin interpretar las nuevas realidades de la Argentina y el mundo. Este proceso de descomposición politica se reflejaba en 2008 en un informe de la Cámara Nacional Electoral que indicaba la existencia en el país de más de ochocientos partidos políticos nacionales reconocidos; catorce formulas presidenciales compitieron en 2007: la representación política estaba fragmentada. Sin la UCR, la razón dialéctica del bipartidismo había desaparecido y el sistema de partidos no se recomponía naturalmente, era necesario inducirlo ya que la descomposición era indetenible.

Por eso resultó inexorable que luego de años continuados de transformar en el país las estructuras económicas, culturales y sociales, finalmente la acción del Gobierno también llegara a lo político electoral. Y el 9 de julio de 2009 fue la propia Presidente quien lanzó desde Tucumán el proyecto de reforma política. Luego de las consultas, el diagnóstico practicado por el Gobierno indicó lo evidente: que los problemas estaban en el funcionamiento de los partidos políticos y no en el sistema electoral como sostenía la oposición y esa fue la orientación general de la ley que promovió el Gobierno y cuatro meses después se aprobó.

Los integrantes de la oposición, periodistas, figuras mediáticas y ONG, quedaron entrampados en sus propios conflictos, en su resistencia a los cambios y poco aportaron al enriquecimiento de esa reforma política que iba a regular su propia actividad futura y que luego se plasmaría en ley. No sólo que votaron colectivamente en contra en ambas Cámaras sino que durante casi dos años intentaron por todos los medios que la ley no se aplicara. Desde bloquear legislativamente las observaciones del Poder Ejecutivo hasta introducir amparos judiciales, desde inducir vaticinios a los jueces respecto de la impractibilidad de la ley hasta objetar la reglamentación de la misma. Dijeron que los padrones no iban a estar a tiempo o que iban a estar desactualizados, que no iba a haber tiempo material para hacer los escrutinios o que la población le era indiferente a la reforma política tratando de crear un ambiente propicio para que la ley no se aplicara. Insistieron e insistieron contra el cambio inexorable pero los únicos que se convencieron de eso fueron ellos mismos. Las objeciones las repetían los formadores de opinión, los dirigentes políticos, las ONG desde todos los medios; fueron inútiles las ratificaciones desde el Gobierno respecto de que la ley se iba a aplicar. Fue así como tozudamente los opositores ni siquiera se tomaron el trabajo de estudiar la ley; simplemente la ignoraron. Tanto que en el verano de 2011 intentaron iniciar otro camino distinto de la ley: el de las preinternas que terminaron mal como no podía ser de otra forma.

Los dirigentes de la oposición, entretenidos en esas discusiones bizantinas, fueron sorprendidos sin haber tomado las previsiones técnicas elementales para la aplicación dentro de sus partidos del cronograma electoral. La ley que se iba aplicando fue reglamentada en tiempo oportuno y los padrones estuvieron a tiempo y no se escucharon las quejas habituales por omisiones, la gente fue a votar masivamente legitimando la ley, pudo identificar a los candidatos con los colores y las fotos, hubo tiempo suficiente para hacer el escrutinio definitivo, etc.

Más importante aún fue que con la reforma política que se aplicó, por primera vez se igualó el conocimiento de todas las ofertas electorales a través de la radio y la TV y el Estado le garantizó a cualquier ciudadano el derecho a participar en la vida interna de los partidos mas allá de la proscripción tradicional de los «aparatos». Del gasto total de una campaña política, el 80 al 85% corresponde a la comunicación por radio y TV y que por primera vez este fue afrontado íntegramente por el Estado lo cual redujo considerablemente los márgenes del financiamiento privado y por ende también las irregularidades en el manejo de fondos. Hoy los padrones ya están definitivamente digitalizados y centralizados por la Justicia.

De los mas de ochocientos partidos reconocidos en 2008 llegaremos en febrero de 2012 a la mitad. De las catorce formulas presidenciales presentadas en 2007 llegamos en octubre a siete y todos los partidos políticos -excepto la Coalición Cívica- se presentaron en alianzas con otros. Estos indicadores muestran que vamos en camino de superar la fragmentación en la representación política. Pero los cuarenta puntos de diferencia en votos entre el Frente para la Victoria y las fuerzas opositoras también muestra que no hay aún un sistema de partidos consolidado que garantice la alternancia. El marco jurídico está. Resta aún para los dirigentes de la oposición la tarea de construcción de fuerzas políticas federales desplegadas en todo el país y que atiendan a la realidad de cada territorio, que sostengan programas consistentes con su representación para convertirse en alternativas para la opción de la ciudadanía, lo que mejorará la vida institucional ya que le permitirá al oficialismo no sólo debatir sino tener con quién acordar en el ámbito legislativo y aun con el ejecutivo.

Después de diez años de representación política fragmentada se exhibe hoy un cuadro de dirigentes sin partidos, partidos sin afiliados o construidos alrededor de un dirigente y su suerte, partidos donde no existe debate interno o que lo sustituyen por mensajes de TV. El 23 de octubre mostró que hay un 46% de la población que no coincide con el oficialismo pero que no tiene una identificación predominante con ninguna figura o fuerza política de las que se presentaron. Se advierte entonces que para consolidar un sistema de partidos, la tarea para la oposición es la construcción de fuerzas políticas nuevas que elaboren su propia agenda para los próximos años.

Lejos ya de la agenda opositora de estos últimos tiempos -tanto de ONGs como de periodistas o de dirigentes políticos- la que incluye como principal problema político argentino el sistema de emisión del voto, si debe ser con boleta múltiple o única, si la boleta única debe ser separada por categoría como en Santa Fe o incluyendo todas las categorías como en Córdoba; urna electrónica como en Salta o voto electrónico como en Chaco, todas estas experiencias son valiosas y deben examinarse objetivamente durante 2012 pero desde el mensaje esencial de octubre de 2011: la necesidad de construir un sistema de partidos que sustituya al histórico bipartidismo desaparecido con la crisis de 2001/2. No puede volver a justificarse la performance de la oposición en estos diez años por el robo de boletas o el clientelismo. La génesis del problema está en los partidos y en sus dirigentes, no en el sistema electoral.

Argentina ha cambiado profundamente en estos diez años y requiere que sus dirigentes se enteren. Que vuelquen su esfuerzo en renovar las formaciones políticas existentes ya que la experiencia de estos diez años ha demostrado lo difícil que es construir nuevos partidos. Que caminen mas el país, que se enteren de lo que pasa en el mundo, que se atrevan a innovar, a buscar soluciones imaginativas como la «reforma política», que construyan fuerzas federales que integren las realidades de cada provincia en una formación nacional y estas realidades se reflejen en un programa. Que en definitiva esos dirigentes y esas formaciones ingresen al siglo XXI. Argentina necesita una nueva generación de dirigentes para que dentro de un nuevo sistema de partidos garanticen la aplicación de políticas de Estado y la gobernabilidad a través de los acuerdos, el diálogo y la posibilidad de la alternancia, base de la democracia.

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