La orden es debatir Ciccone ya

El Gobierno ya le ordenó a sus jefes de bloque en el Congreso que quiere un tratamiento sumarísimo para el proyecto de expropiación de la ex Ciccone Calcográfica. Hasta ahora se sabía que el Senado había convocado para hoy a un plenario de comisiones para despachar el proyecto, sin demasiado debate, y dejarlo listo para una votación en el recinto el próximo miércoles.

Pero la velocidad que pidió la Casa Rosada es tal que, sin haberse aún votado en el Senado, Diana Conti convocó a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados el jueves 16 de agosto, es decir un día después de la votación en la otra cámara, para que junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda dictaminen también sobre el tema. Y lo hizo cuando ni siquiera se fijó sesión en el Senado. Todo por estricto pedido del Poder Ejecutivo.

Así el Senado arrancará hoy en un plenario también de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales en el Salón Azul. Miguel Pichetto le puso el sello a esa velocidad: «Le daremos un rápido tratamiento en el Senado. La intención es emitir dictamen de modo tal que pueda ser tratado el próximo jueves en el recinto».

Más allá de las defensas del proyecto que el kirchnerismo hizo ayer durante todo el día, el radicalismo apoyó el tratamiento de la expropiación pero ayer comenzó a poner condiciones.

Por lo pronto el jefe del bloque del Senado, Luis Naidenoff, exigió saber el nivel de deuda de la empresa y, sobre todo, que el Gobierno induvidualice a los titulares actuales de la Compañía Sudamericana de Valores SA y por lo tanto también de su controlante Old Fund, antes de proceder a la expropiación.

Esa información ya fue pedida por el radicalismo y toda la oposición a la Jefatura de Gabinete. Y de hecho ayer hubo una contraoferta oficial para que una vez votado hubiera un informe de la SIGEN sobre el tema, que fue rechazada de plano por la UCR. Para el Gobierno no es un problema de número en la votación, que lo tiene de sobra en los dos recintos, sino de legitimación de una votación políticamente complicada donde la participación de alguna parte de la oposición aliviaría un escenario de debate que de cualquier forma será complejo.

Hay otro pedido del radicalismo que aún no fue negociado: «debe ser la Auditoría General de la Nación la que realice la auditoría de Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone. Pensar que la SIGEN, con Gustavo Reposo a la cabeza, pueda hacer un trabajo transparente suena ridículo», dijo ayer el jujeño Gerardo Morales.

De hecho ayer, Ricardo Gil Lavedra le pidió a Hernán Lorenzino y a la presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Daura, un listado de informes «en razón de su reciente designación como interventores de la empresa Compañía de Valores Sudamericana S.A. (CVS SA -ex Ciccone-), a fin de garantizar el control externo y la preservación de las pruebas que pudieran ser conducentes para la investigación penal en curso, evitar conflictos de interés y acceder a la información pública que hasta ahora viene siendo negada».