Muchas veces tratamos algunas cuestiones de manera algo elíptica, sea por una mal entendida prudencia, humor bizarro, o simple estup... de quien escribe hace casi dos décadas esta columna. Pero algunas cuestiones nos obligan a ser directos y evitar eufemismos. En primer lugar: es un derecho de cualquier país, sus habitantes o su Estado, nacionalizar la empresa o sector de la economía que sea, por los motivos que sean. Las señales de que el Estado argentino estaba avanzando sobre YPF eran claras y el final prenunciado estaba aceptado por el mercado internacional, básicamente porque YPF es una petrolera «chica» (Exxon es entre 20 y 52 veces más grande -la saudita Aramco valdría 12 veces más que Exxon-, Petrochina entre 13 y 33 veces mayor, Petrobras entre 8 y 20, etc.) y porque el efecto de la medida estaría circunscripto a España y la Argentina. En el peor de los casos se esperaba algo similar a lo que pasó con la creación de Gazprom cuando el gobierno ruso (2004/6/7) jugó y presionó muy duro, pero respetando las formas (en definitiva, Gazprom es el mayor proveedor de gas de Europa, mientras YPF no abastece «a nadie»). Lo que inquieta es la forma intempestiva en que se anunció la nacionalización de YPF, la renuencia a «conversar», el fuerte tinte ideológico esgrimido y el que un país considerado racional y aliado -aunque no muy confiable- actuara como lo hizo. En el mercado, buena demanda de títulos españoles (con suba de tasas), Apple que se recupera, balances mejores que lo previsto y el Dow que avanza el 1,5% a 13.115,54 puntos.
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