Las bandas se ensañan con los ilegales

México DF - El asesinato de 72 presuntos inmigrantes en México recordó ayer que se necesita una solución urgente para frenar la violencia que afecta a los indocumentados rumbo a Estados Unidos.

A mediados del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que entre setiembre de 2008 y febrero de 2009 fueron secuestrados 9.758 «sin papeles».

A su turno y sobre la base de esos datos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó en marzo de 2010 que la situación de los inmigrantes ya había sido denunciada hace tres años y que en ese lapso no «existió ninguna reacción eficaz del Gobierno». Este informe indica que el vacío de medidas oficiales «desembocó en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica» contra los extranjeros.

La CIDH agrega que «por la falta de marcos normativos adecuados», los indocumentados sufren la violación de sus derechos «por servidores públicos» que en virtud del «enfoque de gestión» permiten «al crimen organizado penetrar las estructuras de las instituciones migratorias».

Organismos no gubernamentales como La Casa del Migrante, que está relacionada con la diócesis de Saltillo, en el norteño estado de Coahuila, estiman que anualmente pasan por México rumbo a Estados Unidos unos 300.000 indocumentados y que principalmente provienen de países de América Central, aunque también de otras nacionalidades.

Las bandas, la mayoría vinculadas al narcotráfico, atraen a sus víctimas por la fuerza o mediante engaños de que recibirán documentación que les garantizará el arribo a sus destinos o simplemente ofreciendo trabajo en Estados Unidos.

Lo más común de este tipo de acciones es que luego de recluirlos en una casa reclamen a sus familias en EE.UU. o en sus países de origen un rescate de entre 1.500 y 2.000 dólares para que recuperen su libertad, según informaron las autoridades luego de detener a alguno de los criminales.

Paralelamente, hubo casos de inmigrantes que habían logrado escapar de su cautiverio y que revelaron que grupos de narcotraficantes los obligaban a desempeñarse en distintas labores vinculadas al crimen organizado, so pena de muerte y fuertes castigos.

Agencia DPA