Las causas que complicarán la política en 2010

Norberto Oyarbide

El año judicial comenzó con plena actividad, luego de que los tribunales penales de Comodoro Py se desperezaran a partir de la derrota electoral del kirchnerismo en las elecciones legislativas del 28 de junio pasado.

La segunda mitad del año ofreció así una agenda para la Justicia rebosante de causas, algunas más complicadas que otras para el oficialismo. Pasado el escándalo por el fallo del juez federal Norberto Oyarbide que sobreseyó a Cristina y Néstor Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito al filo de la feria judicial, cobran nuevo protagonismo para este año el resto de las causas vedettes de 2009, que se detallan a continuación.

- Medicamentos

Sin duda, una de las investigaciones más resonantes de 2009, que cerró su año con el procesamiento del secretario de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, a quien Oyarbide -a cargo de la causa- consideró el presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al tráfico de medicamentos contra el cáncer y el HIV adulterados. La pesquisa, que explotó públicamente en setiembre pasado con la detención de uno de sus principales imputados, el propietario de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, también desembocó en su procesamiento, así como el de más de 10 personas vinculadas a la venta de remedios truchos que habrían sido suministrados a afiliados de obras sociales sindicales.

Pero lo central de esta causa son sus posibles derivaciones, que apuntan al corazón de la caja sindical. La secretaría de Carlos Leiva, a cargo de la investigación, desborda de cajas de documentación sobre medicamentos adulterados, troqueles falsos, documentación y archivos de la Administración de Programas Especiales, área del Ministerio de Salud encargada de financiar tratamientos de alta complejidad a las obras sociales de los gremios. La APE fue allanada durante la pesquisa, y todo ese material está en análisis en la secretaría de Leiva.

A esto se suma que el fiscal que instruye en la causa, Luis Comparatore, pidió que más de 50 obras sociales -incluida la del gremio a cargo de Hugo Moyano- que compraban medicamentos a San Javier informaran en detalle sobre los tratamientos y remedios suministrados. El aspecto financiero del caso podría explotar este año, sacudiendo uno de los cimientos del sindicalismo argentino. En este punto, también podría tomar relevancia la pesquisa del juez federal Claudio Bonadío sobre el titular de la CGT por presunta defraudación, a raíz del financiamiento de la APE en la obra social de los camioneros.

La llamada mafia de los medicamentos estaría además vinculada al triple crimen de General Rodríguez -Solange Bellone, esposa de una de las víctimas, fue procesada por la supuesta venta de remedios adulterados a la obra social de La Bancaria-, a su vez supuestamente relacionado con el tráfico de efedrina.

Un tercer flanco lo ofrece el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner y Julio Cobos, a la que aportó la mayoría de las droguerías presuntamente involucradas en la mafia de los medicamentos.

Más allá de esta megacausa, hay otras pesquisas que podrían traer varios problemas al Gobierno este año:

- Skanska

Oyarbide está a cargo de la investigación por el supuesto pago de sobornos a funcionarios del Ejecutivo por parte de la empresa, después de que el juez penal tributario Javier López Biscayart probara que se habían facturado sobresueldos. Además de los numerosos peritajes ordenados en el juzgado de Oyarbide, que según informaron están por la mitad en algunos casos y casi terminados en otros, el caso tomó un nuevo vuelo en agosto pasado, a partir de unas declaraciones públicas de Adrián Félix López, titular de Infinit, una de las empresas fantasma que utilizaba la empresa para facturar sobreprecios.

El juez le tomó declaración testimonial a López, en la que apuntó a dos personas, una, ex funcionario del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido. A partir de este testimonio, Oyarbide ordenó allanamientos a los estudios y domicilios de los acusados por López, donde se secuestraron documentos y facturas. También se pidieron informes a varios bancos.

El caso, además, tiene planteado un conflicto de competencia: Oyarbide reclama para sí toda la pesquisa, mientras que López Biscayart pretende conservar el aspecto tributario de la investigación. Hasta el momento, las cámaras de cada fuero han confirmado las posiciones de sus jueces, por lo que el conflicto probablemente tenga que ser definido por la Corte Suprema de Justicia.

- Escuchas Ilegales

Una de las vedettes de este año, que no apuntó al kirchnerismo y que desgastó de manera profunda el Gobierno de Mauricio Macri. Luego de dictar los procesamientos del ex titular de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, y del supuesto espía Ciro James, junto con cuatro policías y cuatro secretarios judiciales de Misiones, por presunta asociación ilícita, queda pendiente para resolver en febrero próximo la situación procesal del ex ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, tras su declaración indagatoria.

Tampoco se descarta citar al propio jefe de Gobierno de la Ciudad por la intervención ilegal del teléfono de su cuñado, Néstor Leonardo, quien apuntó contra la familia de su mujer por este hecho. Se continuará además durante el verano con el análisis de la documentación obtenida, así como este año deberá definirse la situación de los dos jueces de Misiones que ordenaron todas las escuchas, Horacio Gallardo y José Luis Rey, quienes todavía ni siquiera fueron indagados.

- Economiagate

Dos casos que presentan protagonistas en común y están a cargo del mismo juez federal, Sergio Torres: el intento de pago al grupo Greco de más de $ 500 millones y el supuesto pago ilícito de u$s 54 millones al grupo de reaseguradoras Accolade Pool, ambos por parte del Ministerio de Economía.

Mientras que en el caso Greco, el magistrado ya dispuso los procesamientos de varios funcionarios, como el del subsecretario de Normalización Patrimonial y ex director de Administración Juan Cayetano Intelisano, la ex directora de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink y el ex secretario de Legales, Osvaldo Siseles; la pesquisa sobre Accolade Pool sigue en etapa indagatoria. En esta causa, que se inició a principios de 2009, ya fueron indagados todos los funcionarios supuestamente vinculados al pago a lo largo de noviembre pasado. Ahora deberán declaran en febrero próximo quienes habrían sido beneficiados por el desembolso: el abogado Juan Del Azar y el empresario croata Johann Holjevac, entre otros.

- Con glamour internacional

En esta categoría lidera la pesquisa sobre la valija con u$s 800 mil que el venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar sin declarar al país en agosto de 2007. El dinero habría sido de la estatal venezolana PDVSA y habría estado destinado a la campaña presidencial de Cristina de Kirchner. El caso comenzó a avanzar en la Justicia local este año, con declaraciones de empleados vinculados a los hechos (oficiales de la Policía Aeroportuaria, choferes, ex funcionarios venezolanos) y la obtención de casillas de mails de los imputados. La causa a cargo del juez en lo penal económico Daniel Petrone, sin embargo, tiene ciertas trabas internacionales: desde los numerosos pedidos de extradición que presentó el magistrado para indagar a imputados en el caso, como Antonini Wilson, el ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela SA, Diego Uzcátegui y su hijo, Daniel, para indagarlos, así como una autorización para viajar a Miami y acceder a la documentación del juicio que condenó a cua-tro venezolanos por realizar tareas de espionaje sin permiso del Gobierno estadounidense. Gran parte de lo que se conoce de este caso surgió a partir de los testimonios y las pruebas presentadas en ese proceso.

También están enmarañadas en la diplomacia y en los trámites internacionales causas como el supuesto pago de sobornos a funcionarios de Gobierno por parte de la empresa Siemens para la digitalización de los DNI, a cargo del juez Ariel Lijo, y la investigación sobre el presunto pago de coimas a integrantes del Gobierno de Carlos Menem por parte de la compañía Thales Spectrum para obtener la concesión del espacio radioeléctrico, que está a cargo de Norberto Oyarbide.

Este año también podría traer avances una causa de bajo perfil, casi hermética, como la que investiga la jueza María Servini de Cubría sobre las supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner y Julio Cobos, o casos que tuvieron protagonismo en 2009, pero fueron desacelerándose, como la pesquisa sobre el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, por presunto enriquecimiento ilícito. Con esta cantidad de frentes abiertos, lo único seguro es que en 2010 no van a faltar las novedades judiciales.