Las Madres buscan otras empresas de los Schoklender

Sergio Schoklender

La fundación Madres de Plaza de Mayo sospecha que tanto Sergio como Pablo Schoklender montaron en su beneficio una red de empresas bajo el paraguas de la entidad de derechos humanos. Bajo esa premisa, la organización presentó un escrito ante el juez federal Norberto Oyarbide para pedirle investigar la firma que administraba la imprenta de Madres, así como una constructora, en ambos casos ligadas a Pablo Schoklender. La semana que viene Madres ampliará la denuncia con más compañías sospechadas.

En paralelo, el mayor de los hermanos volvió ayer a tribunales -adonde prometió concurrir todos los días- para pedir documentación incorporada al expediente. El propósito, dijeron en su entorno, es analizar la posibilidad de concursar Meldorek, la empresa que preside y que está en el centro de la investigación judicial. También solicitó la nulidad de un peritaje que determinó como falsas las firmas atribuidas a Hebe de Bonafini en un contrato de las Madres con Meldorek.

La causa judicial se convirtió en los últimos días en un ping pong entre las Madres y los Schoklender. Mientras el juez mantuvo el expediente bajo secreto con el argumento de que era necesario para tomar medidas y analizar los resultados de otras ya efectuadas, el fiscal Jorge Di Lello se abocó a preparar las indagatorias de los principales sospechosos.

Esta semana abrió el fuego el abogado Eduardo Fachal, querellante por la entidad que preside Bonafini. El letrado le pidió al juez realizar un allanamiento o una inspección ocular en un barrio cerrado del partido de Exaltación de la Cruz. Se trata del complejo El Remanso, adonde Fachal sospecha que habrían sido desviados materiales de construcción (los paneles con el sistema italiano importado por Schoklender) de las Madres para la edificación de viviendas.

Las suspicacias surgieron una vez que los querellantes encontraron una carpeta de la firma Construcciones Calificadas que promocionaba el método de edificación usado por Madres en ese barrio privado. Construcciones Calificadas es una empresa que, tal como informó este diario, está ligada a Pablo Schoklender y que tuvo como directores al expresidente de la Corporación Sur Enrique Rodríguez; Manuel Camet, exfuncionario del Ministerio de la Producción en la gestión de Jorge Telerman en Capital Federal; Hugo Gallardo, exapoderado de Madres; y Patricia Alonso, señalada como mano derecha de Sergio Schoklender.

Fachal también le pidió al magistrado poner la mira en la empresa Pasart SRL, que administraba la imprenta que funciona dentro de la fundación Madres. El abogado dijo que Bonafini se enteró luego del estallido del escándalo judicial que Madres no manejaba esa imprenta y que en realidad estaba a cargo, supuestamente, de «testaferros de Pablo Schoklender».

Hasta la semana pasada figuraban como socios de Pasart Alina Laura Molina, Marcelo Eduardo Moreira Martínez y Pablo María Moratorio Vela, a quienes Fachal identificó como «exempleados de Madres que fueron incorporados a la entidad a pedido de Pablo y Sergio». El jueves pasado, los socios realizaron una cesión de acciones a favor de Horacio Esteban Fretes y Horacio Fretes. Según Fachal, en junio, cuando arrancó la causa judicial, también cedieron «bienes muebles» de la imprenta a la fundación Madres.

Sobre estos informes, el abogado querellante pedirá la semana que viene ampliar la denuncia por presunta estafa contra los exapoderados de la fundación. Con ese fin, esta semana analizará documentación que aportó el propio Sergio Schoklender al fiscal Di Lello para tomar nota de las empresas ligadas a los hermanos.

Mientras tanto, el mayor de los Schoklender retomó su trajín por el tercero y quinto piso de los tribunales federales de Comodoro Py, donde están las oficinas de Oyarbide y del fiscal, respectivamente.

Lo hizo para pedir documentos originales o copias certificadas de papeles que entregó al inicio de la investigación relacionados con Meldorek. En su entorno, dijeron que el propósito original será concursar la empresa por entender que la causa judicial no le permitirá reanudar sus tareas. Aunque dejaron abierta la chance de continuarlas si los funcionarios judiciales apuran las medidas y aportan los documentos pedidos.

Por las dudas, Schoklender ya designó a un abogado especialista en quiebras.