Lavado: poder a fiscales para revisar registros

Julio Alak

Julio Alak y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, firmaron ayer un acuerdo de intercambio de información digital con los registros del Automotor, de la Propiedad Inmueble y de Armas, y con la Inspección General de Justicia que les permitirá a los fiscales federales acceder directamente a la información de esos registros.

La creación de este canal formal de información habilita a los fiscales a la utilización de los sistemas de remisión y contestación de oficios e informes en formato digital con la Inspección General de Justicia, y también les libera el servicio de consulta de dominio e inhibiciones de automotores y motos de los registros nacionales del Automotor.

Al mismo tiempo, a través de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal se habilitará el acceso al Sistema de Consulta de Índice de Titulares de Dominio y al Sistema de Consulta de Índice de Inhibiciones, que permite corroborar las titularidades de dominio inscriptas en el Registro y realizar consultas referentes a inhibiciones y anotaciones personales.

Inhibición

En realidad, el acceso a esa información es hoy casi libre para cualquier persona que deba chequear la condición de una persona como titular de un dominio inmueble o las inhibiciones que pueden estar registradas.

Los fiscales ahora podrán acceder a esos datos con la misma asiduidad que, en realidad, lo hacían hasta ahora las inmobiliarias a la hora, por ejemplo, de pedir antecedentes del garante para un contrato de alquiler.

Alak explicó ayer que el acuerdo firmado "pone al alcance de los fiscales una información valiosísima para los procesos judiciales".

Gils Carbó consideró que el convenio tiene una "significativa importancia" y, en ese orden, señaló que "contar con esa información contribuirá de modo decidido a la aceleración de los procesos".

Alak y Gils Carbó también acordaron que el Ministerio Público Fiscal y el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados intercambiarán información relativa a los bienes involucrados en delitos de criminalidad compleja, que podrá ser utilizada con fines de monitoreo y supervisión, y en casos de investigación criminal y estudios tendientes al trazado de políticas de persecución penal a cargo de la Procuración General de la Nación.

Habrá también una mesa de trabajo conformada por funcionarios de ambos organismos que se encargará de participar en la planificación, el diseño y la coordinación de políticas de recupero de activos de fuente ilícita.