Lecciones no aprendidas de la falta de viviendas

La ocupación por la fuerza de terrenos ha motivado las más diversas opiniones sobre lo que debe o no hacer el Gobierno en defensa de la propiedad tanto pública como privada. Ha motivado también propuestas sobre acciones para reducir el «déficit habitacional» que según algunos es causa de estas ocupaciones. No se analizará acá el problema de la ocupación ilegal más que para decir que ésta -de persistir- no reducirá sino que incrementará el problema que observamos. La ocupación por la fuerza, en efecto, tiene como consecuencia que recursos escasos (terrenos en este caso) terminan siendo asignados en forma incorrecta: si el predio de la Villa 31 estuviera ocupado (digamos) por edificios-torre de alto valor o por una terminal expandida de contenedores (como la ubicación ciertamente permite), la Ciudad podría recaudar impuestos que permitirían transferir una muy importante masa de recursos a sectores postergados. Los terrenos ocupados por intrusos valen mucho menos para estos intrusos que lo que podrían valer para los usos antes mencionados. La ocupación destruye valor que la sociedad entera paga.

Analicemos aquí el por todos comentado «problema de la vivienda». Al respecto, recientemente ex intendentes de la Ciudad argumentaron que este «problema» se debe a subejecución de presupuesto por parte del Gobierno de Macri. Están, por supuesto, equivocados. También están equivocados los que argumentan que se debe a una falta de «solidaridad» por parte de la sociedad, o a «fallas del modelo» que pueden aún corregirse.

Requerimiento

El «problema de la vivienda» debe verse, en cambio, como el resultado predecible de medidas de política económica a las cuales pocos hacen referencia. Por lo pronto, expandir la oferta de viviendas requiere de un mercado de capitales de adecuado funcionamiento. Sin esto no hay voluntad política que valga. Este mercado debe canalizar recursos de ahorristas (tanto locales como extranjeros) a demandantes de viviendas. Para que esto sea posible, los ahorristas deben percibir una mínima seguridad para los recursos invertidos. Alta inflación, estatización de empresas (incluidas pero no sólo las AFJP) y restricciones a las opciones contractuales en los mercados de alquiler y de préstamos hipotecarios limitan en grado sumo el desarrollo de este tipo de mercado, en especial para los sectores de menores recursos.

Pero existen otras razones que explican el «déficit habitacional». En especial, la legislación laboral argentina dificulta que individuos de poca capacitación y que están «fuera del sistema» accedan a trabajos de calidad.

Consecuencias

Desgraciadamente, el grueso de la opinión pública (y los legisladores) no percibe que los «logros» que los dirigentes gremiales obtienen para su afiliados (sean éstos mayores costos de despido, salarios mínimos por encima del equilibrio de mercado, prestaciones obligatorias por parte de la empresa, resarcimientos por encima de los contemplados por las ART, condiciones laborales privilegiadas) tienen consecuencia directa sobre la productividad de la economía y sobre las posibilidades de creación de empleo de calidad. Los impuestos sobre el trabajo (del orden del 50% o más) también atentan contra la inserción laboral de los más postergados.

El «problema de la vivienda» no es en realidad un «problema» sino un aspecto básico del funcionamiento de una sociedad: la satisfacción de las necesidades humanas (sean éstas de vivienda, atención médica, alimento o esparcimiento) consume recursos que se encuentran en cantidades limitadas. Las sociedades que perciben esto hacen todo lo posible para que estos recursos se usen de la mejor manera. Hacen también todo lo posible para que la cantidad de recursos se expanda a través del tiempo. En la Argentina, esta sencilla lección aún no ha sido aprendida.

(*) Profesor de Economía, Universidad del CEMA.