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Lehman fue Hiroshima. AIG iba a ser Nagasaki
Quitarle a la banca la mochila de los activos tóxicos era el propósito original del plan Paulson (TARP), pero la iniciativa, pese a mucho carretear, no logró nunca levantar vuelo. Los recursos que aprobó el Congreso se aplicaron a otras urgencias. En octubre, la capitalización de los bancos fue una alternativa de despliegue mucho más rápido para obturar el avance de la crisis. No sólo evitaba el engorro de fijar precios para una maraña de instrumentos tan diversos como complejos, sino que cada dólar de patrimonio adicional permitía apuntalar no menos de diez dólares en activos. La solución que propuso Gordon Brown, y Bush tuvo el tino de copiar sobre la marcha, fue acertada. Pero, también, insuficiente. Ya en noviembre, el Citi precisó repetir la dosis.
En enero, Bank of America le seguiría los pasos. Capitalizar no alcanza si no se controlan los flujos de quebrantos de la misma manera que vaciar una cisterna puede desbordar un barril sin fondo, pero no mantenerlo lleno. Así, el valor del patrimonio por acción del Citi se desmoronó de 22 dólares a comienzos de octubre a sólo 2,46 dólares (el jueves último), a pesar de sendas inyecciones voluminosas de capital subsidiado. Queda claro que la estrategia no funcionó. La decisión de canjear acciones preferidas por ordinarias -licuando a los dueños actuales- es, a la vez, un reconocimiento parcial y un golpe de gracia. Pero, desde ya, no detiene per se la dinámica de la corrosión; el trabajo de una crisis que carcome incesante el valor de los activos.
El cambio tajante que prometió Obama en su campaña refulge en el Presupuesto que remitió al Congreso, pero en el plano de la estabilización financiera, más allá de una previsión adicional de 250 mil millones de dólares, lo que rige es la continuidad y no la revolución. Quien escarba en los anuncios, y en el Plan específico del secretario Timothy Geithner, encuentra una voluntad de dilatar los tiempos de la acción todo cuanto sea posible, y, si ello no resulta, la disposición a suministrar más capital preferido. Es verdad que la situación del Citi forzó una decisión, pero la respuesta no se aparta de un camino previsible. Cuando se agota la leña que provee el capital ordinario, se quema capital preferido. A falta de inversores privados, la «estatización» del paquete accionario es inevitable. No queda más remedio que asumir ese traspié de relaciones públicas.
Comparación
Cuando se produjo la debacle de Lehman Brothers se la comparó con Hiroshima. AIG era Nagasaki. Con la salvedad que, esta vez, hubo una contraorden. La segunda detonación se canceló. Aun así, la crisis no fue la misma después de Lehman. Las lecturas de radiactividad se dispararon trascartón. AIG había contabilizado pérdidas por 18.000 millones de dólares cuando el Tesoro y la Fed, contra su voluntad original, la rescataron. Sus quebrantos superan ahora los 100.000 millones de dólares. En el último trimestre, brotaron a
razón de 927 millones de dólares por día hábil. Las cisternas del Gobierno vertieron ya 150.000 millones de dólares de asistencia. Otros 30.000 millones se anunciaron el lunes. Dejar caer a Lehman fue un error. Dejar caer a AIG hubiera significado otro peor: un colapso liso y llano del sistema financiero internacional (un estallido con epicentro en la banca europea). Pero salvar a AIG -y tomar a cargo sus compromisos- no es un remanso. La mejor alternativa disponible, salta a la vista, es francamente mala. Se sabía que iba a resultar onerosa, pero nadie imaginaba cuánto.
Dado un libro de contratos por 450.000 millones de dólares de valor nominal, se pensó que el préstamo inicial de 85.000 millones de dólares no se utilizaría por completo. La cuenta ya va por el doble y nada indica que se satisfaga. La crisis se traga, una a una, las «capitalizaciones» que recibe la firma. La parábola de AIG es un espejo donde la política de estabilización financiera debe mirarse.
Analogías
Las crisis financieras son una enfermedad profusa. No hay que remontarse a la Gran Depresión para hallar analogías. Por ende, la tecnología para afrontarlas es conocida. En forma estilizada, los ejes de su resolución pasan por la separación de la paja y el trigo -la segregación temprana de los bancos y activos buenos y malos- y la capitalización posterior de los bancos viables. Las instituciones insolventes se liquidan y se reestructuran los activos problemáticos. Todo esto se sabe.
El dilema actual es otro: quién paga una factura monumental. Después de Lehman, quedó claro que el sistema no soporta la caída de un jugador de importancia. Proteger a los depositantes supone un costo fiscal alto. Involucrar al capital preferido es una manera de rebajar la cuenta pero, dado el volumen de las pérdidas, la verdadera pulseada -y el freno para ideas como la del banco bueno/banco malo o la compra masiva de activos- pasa, a esta altura, por el tratamiento de la deuda de los bancos. Afectarla a la reestructuración supone el riesgo de gatillar otro Lehman. Si se preserva indemne, la cuenta fiscal luce gigantesca. Es una factura que el Congreso no aprobaría. Obama, al desechar una intervención decidida que ataque el meollo de la cuestión, está optando por la tercera vía: el enfoque AIG; un freno para la recuperación del crédito y más costoso en el largo plazo, pero en cuotas accesibles.

