Ley educativa suma batalla entre Nación y provincias por fondos

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Preocupación de distritos por financiamiento de obligatoriedad de sala de 3 años. Una senadora, además, propone elevar inversión del 6% al 10% del PBI.

En medio de espinosas negociaciones que ya arrancaron y otras que se avecinan entre el Ejecutivo y los gobernadores por el Presupuesto 2018 y el pack fiscal-tributario el oficialismo creó, casi sin querer, una nueva guerra con las provincias tras el debate que se dio ayer en el Senado por la obligatoriedad de la sala de tres años en todo el país. La furia de los distritos es simple y siempre gira sobre el mismo tema: ¿quién se hará cargo de los fondos para solventarlo?

La discusión de ayer se dio en la comisión de Educación que comanda la peronista disidente Liliana Negre de Alonso (San Luis), que tomó el proyecto aprobado por Diputados e invitó a los ministros del área de todas las provincias para exponer sobre el tema. La mayoría de los funcionarios que participaron -Córdoba, Río Negro e incluso Buenos Aires, entre otros- plantearon la necesidad de financiamiento -no aparece en la ley en revisión- y apuntaron a Nación.

Sin embargo, detrás de esta iniciativa -pedida por Mauricio Macri- aparece un texto mucho más virulento para los intereses del Ejecutivo, y es empujado por un sector del FpV-PJ que quiere desterrar la inversión del 6% del PBI destinada a Educación y llevarla al 10% para 2021, y que la ecuación de aportes cambie a favor de las provincias, con Nación como principal aportante.

El kirchnerismo festejó durante años la ley que obligó a derivar hasta el 6% del PBI en educación. Pese a ese razonable cambio numérico, los resultados no tuvieron la misma suerte: pésimas pruebas de conocimiento básico en alumnos y alimentación política descontrolada a sindicatos que hoy militan contra el actual Gobierno, que tampoco encuentra soluciones.

La nueva iniciativa es empujada por la kirchnerista Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que comanda Sonia Alessio, gremio que tiene como estrella mediática al líder del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), el preceptor Roberto Baradel. El proyecto fue presentado en 2015 en Diputados y el año pasado en el Senado a través de la pampeana Norma Durango, quien responde al experimentado gobernador peronista Carlos Verna, muy distanciado de Mauricio Macri.

El texto impone la inclusión en el nivel inicial del "100% de la población de cuatro años de edad y asegurar la universalización para los niños y niñas de 45 días a 3 años, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos". Además, exige un mínimo "de 14 años de escolaridad obligatoria para todos los niños, niñas y jóvenes; asegurar la inclusión de los niños, niñas y jóvenes con discapacidades transitorias o permanentes y lograr que, como mínimo, el 30% de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas", entre otros puntos.

Suba de gasto

La iniciativa deja en claro que "tanto el presupuesto como el gasto consolidado del Gobierno Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2021, una participación del 8% del PBI para la educación obligatoria y la cobertura de 45 días a 3 años", y una "participación adicional del 2% del PIB para la educación para el nivel superior y el desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica".

El proyecto también prorroga el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente creado por la ley 26.075 -la norma que se votó a fines de 2005-, cuyo objetivo será el "contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente en aquellas provincias en las cuales se evalúe fehacientemente que, a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades".

Durango destaca en los argumentos del texto que se intenta "cambiar la proporción del esfuerzo del Estado nacional y las jurisdicciones, invirtiendo los porcentajes actuales, ya que hoy las jurisdicciones llevan el mayor peso aportando un 60 por ciento del financiamiento".

Tras la exposición de los ministros de Educación, la comisión quedó en avanzar con la discusión del proyecto y mantener en agenda la iniciativa de Durango. La oposición criticó a Cambiemos por faltar a las convocatorias y dejar sin quórum las reuniones del cuerpo, pese a que la obligatoriedad de la sala de 3 años fue impulsada por el Ejecutivo.

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