Ley limita juicios contra el Estado

Gerardo Morales, Ernesto Sanz y Luis Naidenoff arman estrategia en la sesión del Senado donde se debatió también un pedido de licencia opositor a Amado Boudou. Miguel Pichetto defiende junto a Aníbal Fernández.

 El Senado convirtió ayer en ley por 38 votos a favor y 23 en contra el proyecto que limita la responsabilidad del Estado por las decisiones u omisiones de sus funcionarios. Esa ley es una consecuencias del aún fallido debate por la unificación de los Códigos Civil y Comercial. El kirchnerismo decidió separar del nuevo código en una norma autónoma el tratamiento de la responsabilidad civil del Estado frente a los particulares por los daños que éste ocasione y finalmente ayer se convirtió en ley, aunque de la unificación de códigos ya poco se hable.

Ese proyecto establece que la responsabilidad del Estado frente a daños que pueda producir a terceros decisiones u omisiones de sus funcionarios "es de carácter excepcional" y "en ningún caso procede la reparación del lucro cesante", sino que la eventual indemnización "comprende el valor objetivo del bien".

Cuando el daño ocasionado sea efectivamente acreditado, el pago por parte del Estado se limitará al valor del bien dañado, porque "los daños causados por la actividad legítima del Estado no generan derecho a indemnización".

Uno de los puntos más polémicos del proyecto y que arrastró el voto en contra de toda la oposición es el que fija que "el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos". Es decir, esas empresas serán responsables por los daños que provoquen, pero sin ningún tipo de solidaridad por parte del Estado.

Está claro que en casos como los accidentes ferroviarios, la empresa será encargada de responder por el daño y no el Estado, sea cual fuera su responsabilidad en el tema. El caso del accidente de Once fue uno de los argumentos más ventilados ayer en el recinto por la oposición.

El radicalismo argumentó que "al sacarlo del Código Civil, se vota la ley nacional y cada provincia debe sacar su propia ley. Este debate se replicará en 24 legislaturas y va a quedar atado a la coyuntura de cada provincia", según explicó Ernesto Sanz.

La senadora del interbloque FAP-UNEN Magdalena Odarda consideró también que la ley "es un caso de claro retroceso jurisprudencial" y que "establece impunidad".

"No es cierto que se esté blindando al Estado ni a los funcionarios", defendió el oficialista Marcelo Guinle, "la responsabilidad de los funcionarios queda en los términos actuales".

Tras esa votación, el Senado aprobó y envió a Diputados el proyecto de ley de moratoria previsional por el que, entre otros puntos, las deudas por aportes se podrán pagar hasta en 60 cuotas, la cuales se actualizarán por movilidad jubilatoria.

También se sancionó casi por unanimidad y sin debate un proyecto de Aníbal Fernández por el que se imponen penas de prisión para los oficiales de las fuerzas de seguridad que abandonen sus actos de servicio, incluso en el marco de medidas de fuerza, pero postergó por una semana el debate del proyecto sobre inmunidad de Bancos Centrales.