Luces y sombras del mandato de Tabaré

Montevideo - El primer presidente de izquierda de Uruguay, Tabaré Vázquez, recibe más del 60% de aprobación en el epílogo de su Gobierno, con un balance «favorable» en materia económica, social y militar, aunque con una política exterior «errática» y un «fracaso» en materia de seguridad ciudadana, según analistas.

El politólogo Adolfo Garcé dijo que, desde el punto de vista del manejo de la economía, el Gobierno «voló» junto a la buena coyuntura económica internacional que duró hasta la crisis global, y Uruguay fue uno de los pocos países del mundo que no sufrió una recesión.

El analista Juan Carlos Doyenart agregó que el Gobierno de Vázquez, que dejará el poder el 1 de marzo al ganador de las elecciones del domingo -que podrían agregar una segunda vuelta el 29 de noviembre- tuvo «un manejo acertado de la macroeconomía, que le permitió aprovechar la coyuntura».

Ambos analistas destacaron las políticas sociales de «combate a la pobreza», «reducción del desempleo», con una «importante inversión social».

El índice de pobreza se redujo del 26% en 2007 al 20,5% en 2008, en tanto la indigencia pasó del 2% al 1,5%, según el Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, ambos analistas subrayaron la importancia del llamado Plan Ceibal, que en dos años y medio dotó a todos los niños y maestros de las escuelas públicas uruguayos con una computadora, que tanto el Gobierno como la oposición califican de «revolucionario».

Además, destacaron a la reforma tributaria, que instauró el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, la que tildan de «exitosa» pese a «problemas» de diseño e implementación, y a quejas de sectores medios de la sociedad, pues según Doyenart, «implicó una simplificación y racionalización del sistema» y «mejoró la capacidad recaudadora del Gobierno».

Garcé señaló como «éxito» la «afirmación clara del Gobierno sobre el poder militar», teniendo en cuenta los resabios que marcaron los años posteriores a la dictadura (1973-1985).

«Los militares ahora tienen menos peso y están absolutamente subordinados al Gobierno», que «les aplicó mucha presión para que dieran información (sobre los detenidos-desaparecidos) y se metió en los cuarteles con excavadoras», con el hallazgo de algunos restos de desaparecidos como resultado, dijo.

En este período, fueron condenados ocho ex represores por violaciones a los derechos humanos, y procesados los ex dictadores Juan María Bordaberry (1973-1976) y Gregorio Alvarez (1981-1985), al margen de la Ley de Caducidad, que limitó la posibilidad de juzgar los excesos de la dictadura. La nulidad de esa ley será plebiscitada junto con la elección.

En el debe del Gobierno de Vázquez, Garcé ubicó «una política internacional errática, con señales confusas sobre si Mercosur sí o Mercosur no; sobre si se estaba o no dispuesto a firmar un TLC con Estados Unidos»; en tanto «no mejoraron mucho las relaciones internacionales ni con la región».

Para Doyenart, «hubo un problema serio de inserción internacional; no hubo una política clara sobre la estrategia a seguir, y al Gobierno le costó entender que las relaciones no se dan por afinidades ideológicas».

En materia de seguridad, Garcé dijo que hubo «un fracaso estruendoso», con un aumento de la delincuencia y problemas de hacinamiento en las cárceles. «El Gobierno fue muy indeciso» en esta área. «La izquierda pagó el precio del aprendizaje y de salir de la visión de que el delincuente es una víctima», dijo Doyenart.

Por otra parte, Garcé señaló que «las relaciones con la oposición fueron muy malas», que «hubo presiones indebidas sobre al Poder Judicial» y «hubo ocasiones en que el Gobierno se apartó del republicanismo, aunque ésa no fue la tónica».

Agencia AFP