“Si un día miento, preferiría que me atropelle un colectivo”, dijo. Se especula con una eventual condena dentro de uno o dos meses. Si ocurre y la confirma una cámara, no podrá postularse.
Acompañado. Así, en medio de sus simpatizantes y con una bandera de Brasil en la mano, llegó ayer Luiz Inácio Lula da Silva al juzgado federal de Sérgio Moro para declarar en una causa por presunta corrupción.
Curitiba - El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva prestó declaración ayer en Curitiba (sur) durante unas cinco horas ante el juez anticorrupción Sergio Moro, a cargo del caso Petrobras, en un juicio que puede abortar sus pretensiones de volver al poder en 2018.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El interrogatorio del exmandatario de izquierda (2003-2010), de 71 años, empezó poco después de las 14.00 hora local y concluyó después de las 19.00. Al culminar, y ante unos 5.000 simpatizantes, afirmó que no "miente". "Si un día miento, prefiero que un colectivo me atropelle en cualquier calle de este país", y reveló que "se está preparando" para ser candidato a la Presidencia en 2018, de acuerdo con el diario Folha de Sao Paulo. "Lo único que pido a cambio es que me respeten como yo lo respeto", concluyó, tras 12 minutos de discurso en la plaza Santos Andrade.
La llegada de Lula a Curitiba para prestar declaración estuvo rodeada de un gran dispositivo de seguridad, con la presencia de unos 3.000 agentes, de los que 1.700 eran policías militarizados que establecieron desde la pasada madrugada un perímetro de seguridad alrededor del tribunal ante la presencia de simpatizantes y detractores del líder político.
La policía vedó el acceso a quienes no tuviesen que ver con el proceso, e incluso a los residentes de esta zona de Curitiba, denominada ya la "capital de la Operación Lava Jato", por el nombre de la investigación que desveló una red de sobornos pagados por constructoras a políticos y partidos para obtener licitaciones en la estatal Petrobras.
Moro busca determinar si Lula es propietario de un departamento tríplex en el balneario de Guarujá, en San Pablo, que habría recibido de la constructora OAS a cambio de "ventajas indebidas". La sentencia debería conocerse en un plazo de 45 a 60 días, aunque algunos analistas apuntan que podría ser en apenas un mes.
El expediente, conocido como el "departamento de Guarujá", es una de las cinco acusaciones que hasta el momento pesan contra Lula por corrupción pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. De acuerdo con las leyes brasileñas, Lula no podría postularse a las elecciones de octubre de 2018 si una eventual condena es ratificada en segunda instancia. Este proceso suele demorar un año.
El exmandatario niega todos los cargos y afirma que se trata de una persecución para impedirle volver al poder. Los sondeos dan a Lula ampliamente ganador, aunque también muestran que es uno de los políticos con mayores índices de rechazo.
Moro, de 44 años, considerado un ícono de la lucha contra la corrupción, había instado a sus admiradores a permanecer en sus casas para evitar enfrentamientos. Pero no todos siguieron sus consejos y algunos grupos se manifestaban con un muñeco gigante que figuraba a Lula vestido de presidiario, al grito de "Lula, ladrón, tu lugar es la prisión".
En ese contexto, el presidente Michel Temer, acusado de "golpista" por el PT, llamó el miércoles a superar la polarización del país, en recesión desde hace dos años y con un índice récord de desempleo de 13,7%, o 14,2 millones de desocupados. Los brasileños tienen que "eliminar cierta rabia", dijo Temer en Brasilia. "Necesitamos pacificar el país. Necesitamos tener más tranquilidad. No podemos permanecer en nuestra posición de permanente enfrentamiento entre brasileños", declaró, sin referirse expresamente al proceso de su predecesor, que durante años fue también su aliado.
La fiscalía acusa a Lula de haber recibido 3,7 millones de reales (1,16 millones de dólares al cambio actual) de OAS, incluyendo el apartamento de Guarujá y el costeo del almacenamiento de sus bienes personales y de su acervo presidencial entre 2011 y 2016.
Dejá tu comentario