Macri demandará a Garré por quita de efectivos en Capital

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La ministra Nilda Garré anunció ayer el retiro de los custodios de edificios de la Capital Federal. Se trata de la desafectación de unos 1.200 agentes que cobran adicionales a través de un contrato del Gobierno porteño con la Policía Federal, para vigilar 114 edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

La medida, fundada en reforzar la seguridad en las calles del distrito, removió la polémica entre Mauricio Macri y el Gobierno nacional por la Policía.

La administración PRO amenaza con denunciar judicialmente a Garré por supuesto incumplimiento de sus deberes y hasta lanzó la posibilidad de convocar a una consulta popular sobre el traspaso de la Policía a la órbita del Gobierno porteño.

Los policías, con destinos como los 33 hospitales porteños, escuelas, Teatro Colón y la propia sede municipal, dejaban de prestar servicio a la medianoche de ayer de acuerdo con la decisión. El Gobierno porteño los contrataba a través de la Federal, que paga horas adicionales, a un promedio de $ 180 por turno de 12 horas si lo realizan durante 15 días.

La medida no incluye la seguridad de los edificios de la Legislatura, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, que manejan sus propios contratos y presupuestos.

El ministerio de Garré aseguró en un comunicado que no serían modificados los ingresos de los agentes, pero que quieren asegurarse el descanso de los policías. Para Macri, el gasto promedia los $ 4 millones mensuales, mientras que desde el Ministerio de Seguridad porteño, que conduce Guillermo Montenegro, aseguraron que sólo se deben dos meses de servicio.

Prohibición

En esas dependencias ya conocían la decisión desde el viernes pasado, pero aseguraron que no habían recibido ninguna comunicación oficial y negaron que en una reunión mantenida entre Garré y Montenegro se haya acordado la medida, sino que solamente la ministra anunció que iba a reconsiderar la disponibilidad de adicionales. En la Ciudad, en cambio, se prohíbe por ley que la Policía local trabaje adicionales.

Para el macrismo, apunta a una decisión política que presuntamente buscaría mortificar la gestión. En la práctica reemplazarán a los federales por empresas de seguridad privada.

Garré explicó que los agentes desafectados como custodios de edificios públicos serán destinados «desde las comisarías a tareas de calle», para «reforzar la presencia de la Policía» y de esta manera «garantizar la prevención del delito».

La funcionaria confirmó la decisión ayer, durante un acto que encabezó en la Biblioteca Nacional (ver nota pág. 10).

Propósito

«La idea central de esta iniciativa es que la Policía Federal se dedique a cuidar a vecinos de la Ciudad a través de la prevención», explicó Garré y dijo que la medida «no significará recortes a los ingresos de los agentes».

La ministra remarcó que la desafectación tiene como premisa «que cumplan con las funciones esenciales de garantizar la prevención del delito».

El jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, anticipó que la fuerza a su cargo no estaría en condiciones de cubrir los puestos que dejan los federales y se mostró «sorprendido» por la iniciativa, aunque admitió que en forma no oficial la conocía desde el viernes.

En un comunicado, Montenegro explicó que «la Policía Federal es la fuerza responsable de garantizar la seguridad en edificios públicos de la Ciudad y es el Gobierno nacional quien debe garantizar su financiamiento». El funcionario explicó que analizaba tres alternativas: «La vía judicial, querellando a la ministra Garré por incumplimiento de los deberes de funcionario; la vía política, insistiendo con el traspaso de la Policía Federal a la órbita del Gobierno de la Ciudad; y la operativa, a través de la contratación de seguridad privada».

También desde el PRO, el legislador Martín Borrelli, titular de la Comisión de Seguridad, se quejó diciendo que «la Policía Federal hace años que debiera estar conducida por el jefe de Gobierno y no por un ministro del Poder Ejecutivo Nacional». El jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, directamente sostuvo que «la ministra Garré incurre en un delito», al no cumplir, según sostuvo, la llamada ley Cafiero y anticipó: «Estamos pensando en iniciar acciones legales».

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