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Macri relanza la economía con blanqueo, jubilados y pymes
Mario Quintana y Nicolás Massot
El Gobierno nacional comenzó a trabajar ayer en la búsqueda de consensos con los bloques opositores para aprobar en el Congreso el paquete de medidas económicas y sociales que anunciará Mauricio Macri hoy a las 10 en Casa Rosada. El trabajo estuvo a cargo de los diputados PRO Nicolás Massot y Luciano Laspina, quienes mantuvieron reuniones informales para comenzar a debatir en comisión a partir del martes próximo el blanqueo de capitales, el pago de juicios a jubilados, la promoción al empleo en las pymes y el blindaje legislativo al acuerdo Nación-provincias para la restitución de seis puntos de la coparticipación. Los interlocutores de la oposición fueron Axel Kicillof, por el Frente para la Victoria, y Marco Lavagna, por el massismo.
El Frente Renovador de Sergio Massa fue el primer bloque en plantear un esquema de beneficios fiscales a las pymes que contraten personal de las franjas laborales más excluidas, jóvenes y adultos mayores, pero el debate fracasó cuando el kirchnerista Frente para la Victoria impuso su dictamen de ley antiempleo que fue vetada por Macri. El massismo, al igual que el GEN de Margarita Stolbizer, el Bloque Justicialista de Diego Bossio y el Partido Socialista de Alicia Ciciliani, están dispuestos a votar a favor de la ley de pago a jubilados y también la promoción fiscal para pequeñas y medianas empresas.
El blanqueo de capitales y pago a jubilados, cuestionado por la socia de Cambiemos, Elisa Carrió, tendrá diferentes alícuotas y no se establecerá un costo adicional si se trata de dinero que quede en el exterior o si es repatriado al país. Esa ley tendrá prioridad de tratamiento en la Cámara de Diputados. Luego vendrán los dictámenes a la promoción fiscal a pymes y los proyectos de primer empleo.
El blanqueo establecerá varias alícuotas según el tipo de inversión que se realice, premiando el aporte para proyectos productivos. Se podrá blanquear a través del pago en efectivo o en bonos del Tesoro. Fijaría una alícuota máxima del 8% al 10% y tasas decrecientes, según el tipo de inversión que realice quien adhiera a este esquema, que buscará superar con creces el blanqueo del kirchnerismo 2013-2015. En el capítulo de exteriorización voluntaria de moneda nacional, extranjera y bienes en el país y en el exterior, se establece el blanqueo o amnistía fiscal y comprendería los períodos fiscales no prescriptos a la fecha de aprobación de la ley y finalizados en diciembre del año pasado. En el borrador se fija un plazo inicial de seis meses para la declaración en entidades bancarias o financieras en el país o en el exterior de lo que se quiere blanquear incluyendo bienes a nombre de la esposa o hijos del que realiza la presentación.
El proyecto también abre la posibilidad de regularizar bienes que hayan sido declarados originalmente, pero luego se hayan fugado del país sin ser registrados, con una tasa del 4 por ciento. También contempla la posibilidad de regularizar seguros de vida del exterior, fondos comunes de inversión, tenencias en efectivo de moneda local y extranjera y acciones, entre otros activos.
El proyecto respeta las amnistías fiscales promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde) antes del inicio del intercambio tributario informativo entre más de 100 países que arrancará en 2017. Los contribuyentes que adhieran al blanqueo según las versiones sobre el anteproyecto quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido al declarar ganancias, a la transferencia de inmuebles, al cheque, IVA, internos, ganancia mínima presunta y, bienes personales.
No podrán acceder al blanqueo los contribuyentes en quiebra, que tengan denuncias penales de la AFIP, estén imputados por delitos vinculados a lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, ejerzan o hayan ejercido la función pública, además de los contratistas del Estado.
En cuanto a los beneficios e incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas (pymes), el proyecto del Gobierno, firmado por los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, y por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, establece un régimen "de fomento para micro, pequeñas y medianas empresas que efectúen inversiones productivas" y un "tratamiento especial" para estas compañías en determinados impuestos".
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratificó ayer que el Presidente anunciará hoy el envío al Congreso de un proyecto de ley para "terminar con muchos años de una deuda enorme con los jubilados". La iniciativa oficial contempla el pago de juicios que unos 300 mil jubilados iniciaron al Estado nacional para que sus haberes sean reajustados.


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