Macri resiste embestida contra tarifa de subte

Los gremialistas de subterráneos protestaron ayer contra la nueva tarifa del viaje permitiendo a los pasajeros pasar sin pagar.

El precio del pasaje en las seis líneas de los subterráneos porteños, se convirtió en la puja política del verano, con sectores rivales al PRO (también al kirchnerismo) que se suman a la movida, protestas, petitorios y denuncias judiciales. De paso, los gremialistas del subte consiguen simpatía de los usuarios, permitiéndoles viajar gratis, a los que ha mortificado ya con paros del servicio en muchas oportunidades.

El Gobierno porteño resiste el embate mientras espera la decisión judicial con respecto a medidas cautelares solicitadas, convencido de la necesidad de ahorrarse $ 30 millones mensuales que no tenía calculado en el Presupuesto 2012. Además de la realización de una audiencia pública, las demandas sostienen que el convenio suscripto la semana pasada entre la administración kirchnerista y la macrista, debería ser homologado por la Legislatura para tener vigencia. Pero el Gobierno porteño menciona una ley que ya adhirió a la transferencia hacia la Ciudad del control de subtes, posterior al decreto de 1999 que decidió esa medida, pero que nunca se concretó.

Así, el rechazo al aumento del viaje en subtes tomó ayer más color político, con la adhesión de la CTA a la protesta y organizaciones aliadas al kirchnerismo que comenzaron a recolectar firmas contra la medida dispuesta por Mauricio Macri a partir del viernes pasado, que elevó de $ 1,10 a $ 2,50 la tarifa. Esa decisión resultó inmediata a la firma del convenio de traspaso que se realizó el miércoles pasado, mientras que el aumento comenzó a regir a partir del viernes.

Se agregó, además, otro pedido de medida cautelar para frenar la suba por parte de la izquierda aliada a la agrupación que lidera Fernando Pino Solanas, y una denuncia penal contra el jefe de Gobierno que realizó un abogado.

Ampliación

Ayer al mediodía, recién el juez Fernando Juan Lima, recibió el amparo presentado por legisladores del interbloque kirchnerista y el auditor porteño Eduardo Epsztein, que había recaído en el juzgado de Elena Liberatori. Del mismo modo, le deberá ser remitido el amparo presentado ayer, y se considera que en las próximas horas el juez del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, tomará una decisión. Hoy, los legisladores ampliarán la demanda, en función de que fue presentada el viernes, antes de conocerse el decreto de Macri que formalizó la suba y convocó a una audiencia pública para abril próximo, y expondrán que ese debate debe realizarse antes de aplicar la tarifa nueva, como ocurre en el caso de los taxis.

Para el Gobierno porteño el riesgo es perder unos 30 millones de pesos mensuales si se suspende el aumento, que debería poner de su caja para complementar el subsidio que venía recibiendo la empresa concesionaria de parte del Gobierno nacional. La administración kirchnerista, de todos modos y de acuerdo con el convenio de transferencia de las facultades de administración de los subterráneos que cedió a la Ciudad, durante un año aportará su porción, $ 360 millones.

Propósito

La oposición al PRO intenta que, mediante una medida cautelar, se suspenda la suba de la tarifa, que de todos modos aún se aplica a medias, ya que la empresa concesionaria dispuso que a partir del 12 próximo podrá descontar el nuevo precio de la tarjeta SUBE. A eso se agrega la merma por la protesta de los sindicalistas del subte que ayer nuevamente realizaron la apertura de molinetes durante tres horas por la mañana y otras tres por la tarde en horas pico en las principales terminales de las líneas del transporte.

Los gremialistas aseguran que continuarán permitiendo que los usuarios viajes gratis durante toda la semana.

«La novedad es que, a partir de la tarde, comenzamos a juntar firmas entre los pasajeros en un petitorio para rechazar el aumento de Macri», dijo Néstor Segovia, dirigente de la agrupación de empleados de los subterráneos.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que conduce Hugo Yasky, se plegó ayer a los reclamos sosteniendo «el gran movimiento de repudio al brutal aumento del boleto.»

Incumplimiento

«Se trata de un aumento ilegal que incumple la normativa que determina la condición imprescindible de convocar a audiencias públicas para corregir las tarifas del transporte público, entre otras cosas», afirmó la CTA en un comunicado.

También organizaciones aliadas al kirchnerismo iniciaban ayer en algunos barrios porteños la recolección de firmas para pedir la suspensión del aumento.

En medio de esa puja, un abogado que pilotea la ONG Ciudadanos Libres, denunció penalmente al jefe de Gobierno, por supuesto «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de funcionario público». Según el denunciante, José Mangiocalda, Macri habría incurrido en esas irregularidades a partir de la firma del decreto que subió 127% el pasaje de subte. La ONG ya presentó otras denuncias de distinto tono, en su momento, inclusive, intentando suspender la realización del censo nacional.

Mangiocalda, a través de su entidad, presentó la semana pasada el primer amparo contra la tarifa en el juzgado 11 de la Ciudad a cargo de Lima.

La nueva denuncia penal recayó, tras sorteo, ante el juez en lo correccional Luis Schlegel. Acusa a Macri de supuestamente haber «vulnerado» su deber «de proteger el patrimonio de los usuarios y consumidores», sin la «previa convocatoria a una audiencia pública».

De acuerdo con la presentación, Mangiocalda apunta al artículo del Código Penal que reprime «con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere».

A esa denuncia se agrega la presentación que realizó ayer el el diputado porteño Alejandro Bodart y la exdiputada Vilma Ripoll (MST en Proyecto Sur), reclamando por la suspensión del aumento, entre otras medidas. Esa presentación recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9 a cargo de la jueza Andrea Dana.