Macri tiene 10 días para convencer a la Corte por suba del gas

• GOBIERNO DEBE ENTREGAR EN ESE PLAZO UN INFORME SOBRE EL ALZA EN TARIFASEl Tribunal no validó la instancia del “per saltum”. Quiere información sobre el impacto económico y social de los incrementos y valores “definitivos” de los aumentos. Lorenzetti fue a la Rosada y se reunió con el Presidente.

La Corte Suprema se pronunció ayer sobre el tarifazo (sin una postura definitiva) y exigió al Gobierno nacional que presente en 10 días un exhaustivo informe sobre los parámetros con los que se definió el cuadro tarifario del gas. Luego tratará el caso, en agosto, al regreso de la feria judicial. Tal como adelantó Ámbito Financiero, el máximo tribunal no validó la instancia de "per saltum" interpuesta por el Poder Ejecutivo -lo que hubiera hecho caer algunas medidas cautelares a favor de usuarios- sino que comenzó a analizar su admisibilidad a través de una vía alternativa que fue solicitar informes técnicos detallados del impacto económico y social de lo dispuesto en materia de aumentos. Pero el pedido excede el marco de las demandas judiciales: los jueces quieren saber cuáles serán los valores de las tarifas "definitivas" que el Gobierno proyecta tras las idas y vueltas con los incrementos.

La decisión desairó la estrategia oficial de conseguir atemperar la vigencia del fallo de la Cámara Federal de La Plata que anuló las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía, que el Ejecutivo buscó dejar atrás con el anuncio de un nuevo tope para los aumentos. En la Corte, estuvieron los últimos días analizando qué recursos tenían ya escalados. Son cuatro planteos de inhibitoria por conflictos de competencia entre jueces y dos saltos de instancia, además de un pedido de competencia originaria. Abrir el "per saltum", sin validarlo ni rechazarlo por carencia de información fue la vía elegida, luego de comunicarle al Gobierno por canales informales que no decidirían sobre el fondo de la cuestión, ante la ausencia de un pleito concreto. Eso llegará a la Corte a mediados de agosto, como informó este diario, de la mano del fallo platense o de las medidas cautelares ordenadas por la Cámara Federal de Córdoba. De una u otra manera, los supremos tendrán allí un caso para analizar la validez de las tarifas, sin tener en cuenta el anuncio oficial del pasado martes, que aún no tiene una resolución oficial que plasme el modo en el que se aplicarán los nuevos topes a facturar.

Firmado por los cuatro jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el pedido de informes contiene 7 puntos dispositivos a cumplimentar en 10 días (hábiles), con lo que receso de por medio, trasladará la discusión de fondo a mediados de agosto, como mínimo. El presidente de la Corte, luego de dar a conocer la postura del tribunal, se reunió con el presidente Mauricio Macri en Casa Rosada, sin que trascendieran detalles del encuentro, pero con un tema insoslayable. Es que el informe-pese a no dividir aguas con el impacto de una sentencia- incomoda al gobierno por el nivel de detalle requerido. Los jueces exigieron al Ejecutivo que conteste cuál fue la evolución de las tarifas desde 2005; cuáles fueron los "parámetros" analizados para los aumentos y que "especifique con fundamento si existe o no la ponderación de principios de gradualidad y progresividad para la determinación del cuadro tarifario en cuestión". Este es uno de los puntos clave sobre los que la Corte anticipó cuál va a ser la óptica con la que mire las tarifas: con atención a su impacto real a nivel social. Por eso, hizo énfasis en todo lo relativo a la tarifa social y sus alcances, además de que expliquen el criterio adoptado para entidades sociales, pymes y a las empresas motor de las economías regionales.

También apuntó a conocer las "razones" que llevaron a establecer un tope a los montos y cuál es "su incidencia" sobre el monto final a pagar en cada factura, con sus respectivos antecedentes técnicos. Pero, en especial, la Corte pidió que revelen "cómo quedaría confirmado el esquema tarifario final", algo que, de momento, es guardado bajo siete llaves. La Corte no cerrará la puerta a una opción que inquieta al Gobierno: el tribunal puede convocar por sí mismo a una audiencia pública para resolver el caso más allá de lo que está legislado en materia tarifaria. Ya lo ha hecho en causas como la ley de medios o la sindicalización policial. La sola idea conspira con la estrategia de llamar recién en octubre a una audiencia para discutir el futuro y "definitivo" cuadro tarifario que se apuró a anunciar el Gobierno, y cuya aplicación será el año próximo.