Macri ya tiene el bono para los camioneros

Hugo Moyano

El macrismo consiguió, finalmente ayer, sancionar la ley que destinará $ 220 millones de deuda por mayores costos en el servicio de recolección de residuos. La aprobación del bono camionero está destinada a un pago de indemnizaciones de los recolectores que, en su momento, pasaron de una empresa a otra, aún conservando la categoría, sueldo y antigüedad. Mauricio Macri le había prometido este año al sindicalista que conseguiría saldarle ese reclamo, y Moyano anticipó el festejo, en abril pasado.

Cumplir ese compromiso le evitará a Macri males mayores, como el que padeció el exjefe porteño, Aníbal Ibarra, cuando el reclamo llevó al camionero a volcar camiones repletos de basura en las puertas del Palacio Municipal de Bolívar 1.

Votación

La ley que autoriza la emisión del bono fue aprobada apenas con 32 (uno más de los necesarios) positivos, 14 negativos y 10 abstenciones.

El macrismo contó con la ayuda de la UCR, y de los sindicalistas Alejandro Amor (Sutecba, Bloque K) y Claudio Palmeyro (taxista, monobloque), para poder sancionar el permiso para la emisión de deuda. En cambio, no obtuvo votos del kirchnerismo, la Coalición Cívica, ni Proyecto Sur.

Propuesta

La norma propone que el endeudamiento sea bajo Jurisdicción de Ley Argentina, con vencimiento hasta julio de 2014, tasa de interés que fije el Banco Central de la República Argentina para los depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días, de montos mayores o iguales a un millón de pesos -Badlar-, para imposiciones en bancos privados. Contarán con pagos semestrales y consecutivos del 25 por ciento.

El Gobierno porteño señaló en la ley que «la emisión de un título de deuda en el mercado local presenta la conveniencia de crear un nuevo programa de financiamiento que provea el marco general para los términos y condiciones normalmente acordados con los inversores locales, propiciando la Ciudad de esta manera la diversificación de sus fuentes de financiamiento».

Durante la sesión, Ibarra sostuvo que su bloque no estaba de acuerdo con «la necesidad de endeudamiento que se paga con fondos públicos por un acuerdo que firma la empresa y luego traslada al Estado» y que en todo caso «este beneficio a los trabajadores debe abonarse, pero sin recurrir al endeudamiento».