Las acciones judiciales están dejando a la dirigencia opositora sin líderes libres, lo que agrega más peso a la responsabilidad del excandidato presidencial Henrique Capriles y del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quienes conducen a su manera el descontento contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y su proyecto socialista.
El Gobierno ordenó el miércoles a la noche la detención del alcalde de la ciudad occidental de San Cristóbal, Daniel Ceballos, bajo acusación de rebelión civil, y un fallo judicial condenó a diez meses de cárcel al alcalde del municipio San Diego, en la región central de Carabobo, Enzo Scarano, por desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que emitió un fallo que lo obligaba a eliminar las barricadas en las protestas.
Ceballos y Scarano fueron llevados a la cárcel para encausados militares de Ramo Verde, en el estado central de Miranda, donde le hacen compañía al líder del partido opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, acusado de haber instigado y organizado las protestas que comenzaron el 12 de febrero.
También esta semana, el oficialismo en la Asamblea Nacional (parlamento) puso en marcha un plan para despojar a Machado de su inmunidad y luego procesarla por su presunta responsabilidad en la instigación de las protestas.
El jefe de la Asamblea, Diosdado Cabello, advirtió que podría ser acusada de "asesinato", en vista de las 31 muertes ocurridas en las manifestaciones.
Machado planea hablar hoy ante la Organización de Estados Americanos (OEA), si la asamblea permite que ocupe el asiento que le cedió Panamá para ventilar la situación política de su país.
El pasado fin de semana, Maduro revivió una acusación que endilgó el oficialismo a Capriles, responsabilizándolo de 11 muertes que ocurrieron en abril del año pasado, cuando días después de anunciarse el resultado electoral por estrecho margen a favor del presidente, el líder opositor llamó a protestar por la negativa oficial al recuento de todos los votos.
El alcalde Ledezma acusó al Gobierno de emprender un "juego peligroso" con sus acciones para silenciar a la oposición con medidas judiciales.
"La detención a alcaldes de la Unidad (oposición) es un acto de desesperación del Gobierno, que no tiene respuesta para la solución de los problemas económicos y sociales, en cuanto se denuncian los problemas de la escasez, inflación e inseguridad. Reacciona así con estos procedimientos que puede llevar adelante porque controla las instituciones públicas", señaló.
El alcalde caraqueño advirtió que la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) respaldará las protestas para exigir la liberación de López, Ceballos y Scarano.
A la vez, el ministro del Interior, Miguel Rodríguez, dijo ayer que tanto Ceballos como Scarano se negaron a eliminar las barricadas de las protestas y por eso tuvo que actuar el Estado para defender el derecho de las mayorías a la libre circulación.
"El alcalde (Ceballos) dirigía acciones para cerrar vías y no recoger la basura, sometiendo a la población a los malos olores y peligro de epidemia por no recoger la basura o quemarla en las barricadas. Los organismos del Estado actúan para proteger el derecho de las mayorías a circular", explicó en una rueda de prensa.
Dirigentes opositores alertaron que las acciones contra los alcaldes terminaron con desmontar los llamados a diálogo que había hecho Maduro para acabar con las protestas y que la oposición se negó a responder.
Por su lado, Capriles se sumó a los llamados a protestar las detenciones de alcaldes y las "acciones fascistas del Gobierno".
"El Gobierno promueve un escenario que huele muy mal. Lo hemos dicho, civiles no damos golpes de Estado. Cuidado con el autogolpe", dijo y agregó que con la detención de Ceballos, Maduro "tomó la decisión de aumentar el conflicto en Táchira y Venezuela".
Esta semana, los analistas comentaron como una "derrota" para Maduro lo ocurrido en la Plaza Altamira del municipio caraqueño de Chacao, cuyo alcalde, Ramón Muchacho, estaba amenazado con ser encausado si no ayudaba a contener las manifestaciones.
La noche del domingo, una fuerza de más 1.200 policías y soldados ocupó el municipio y la plaza, y hacía prever un prolongado cerco militar. Sin embargo, la tarde siguiente un centenar de mujeres retomó sus espacios para rezar en una jornada que se realizó pacíficamente frente a los uniformados.
Horas después la plaza quedó desbordada por miles de manifestantes que agitaban pancartas contra el Gobierno y gritaban contra la militarización del lugar.
El cerco militar terminó el miércoles, sin que Maduro pudiera transmitir por televisión un programa en el que anunciaría la "liberación" de la plaza.
| Agencia DPA |
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