13 de julio 2016 - 00:00

Maduro decretó la militarización de la distribución de alimentos

Efectivos de la Fuerza Armada irrumpieron ayer en puertos, aeropuertos, empresas y depósitos de todo el país. El presidente pretende terminar por esa vía con el contrabando y el mercado negro. Un fracaso asegurado.

MÁS PODER. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, es el encargado de llevar adelante la militarización de toda la cadena de distribución de artículos de primera necesidad en Venezuela.
MÁS PODER. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, es el encargado de llevar adelante la militarización de toda la cadena de distribución de artículos de primera necesidad en Venezuela.
 Caracas - Los militares venezolanos comenzaron a fiscalizar ayer la distribución de alimentos, remedios y otros productos en puertos, aeropuertos y empresas, un día después de que el presidente Nicolás Maduro les delegara por decreto amplias facultades en un intento de paliar la aguda escasez de artículos de primera necesidad.

"Hemos ocupado algunos puertos y hemos comenzado a visitar algunos silos, almacenes, empresas públicas, privadas, para ir teniendo un gran diagnóstico nacional que nos permita poner orden", declaró el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en un acto público.

Responsable del programa, el funcionario señaló que aunque no es partidario de la "intervención militar" en cuestiones civiles, "este es un asunto de seguridad y defensa de la Nación".

Cientos de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fueron desplegados en los estados de Vargas, Miranda, Carabobo, Falcón, Lara, Zulia y Anzoátegui para inspeccionar la distribución de productos básicos.

Al lanzar la "Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro", Maduro dijo el lunes a la noche que el objetivo es "acabar con los sistemas y mecanismos de comercialización que atacan, irritan y roban al pueblo".

El mandatario se refería a prácticas como el "bachaqueo" o reventa de alimentos subsidiados, que terminan en manos de contrabandistas con la complicidad de funcionarios corruptos.

Según Maduro, ese delito, castigado con cinco años de cárcel, forma parte de una "guerra no convencional" de la oposición y de empresarios de derecha para derrocarlo. Frente a ese desafío, el presidente, cuya popularidad cayó a niveles mínimos debido a la escasez y la crisis económica, invocó la necesidad de otorgar más poder a los militares.

"Vamos a garantizar que lo que llega al puerto y lo que viene por las carreteras vaya a los consumidores, no vaya a la reventa o al bachaqueo", declaró el gobernador de Zulia, Francisco Arias, a la televisora gubernamental.

El decreto da a la "Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro" la potestad de dictar resoluciones sobre compra, comercialización y distribución de alimentos, medicinas y productos de higiene personal y aseo del hogar, subordinando a su control los ministerios encargados de esas labores.

"Implica el aprovechamiento de la capacidad operativa de la Fuerza Armada en todo el territorio del país en actividades y tareas de apoyo al abastecimiento nacional de productos estratégicos para la garantía de los derechos a la alimentación y la salud de los venezolanos", dice el decreto publicado en la Gaceta de ayer, que refuerza los crecientes poderes de los militares.

La norma se decretó bajo un estado de excepción, que le permite al presidente gobernar sin control de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, hasta el próximo año.

Duramente golpeada por la caída de los precios del petróleo, la economía venezolana registra una escasez del 80% de los alimentos y los medicamentos, dos años y medio de recesión y una inflación de 180,9% en 2015, proyectada en el 720% por el FMI para este año.

Las protestas por el desabastecimiento degeneraron en saqueos en los últimos meses y el domingo, cuando Venezuela reabrió por unas horas su frontera con Colombia, decenas de miles de personas cruzaron al país vecino para aprovisionarse.

El Gobierno chavista había ordenado el lunes la toma por parte de sus empleados, de la planta de Kimberly-Clark, fabricante estadounidense líder de productos de higiene, después de que la compañía paralizara operaciones aduciendo falta de acceso a insumos.

Los empresarios le reclaman al Gobierno que entregue divisas para cancelar sus deudas con proveedores internacionales y reactivar así la producción, en medio del control cambiario y de precios que rige en el país. Maduro, sin embargo, se empecina en denunciar una "guerra económica" y un supuesto acaparamiento con fines especulativos y desestabilizadores contra su administración.

Agencias AFP, Reuters y ANSA

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