Magistratura ahora en la mira de Carrió

Un informe sobre el Consejo de la Magistratura de la Coalición Cívica denunció la presunta manipulación de concursos, así como presiones a magistrados ejercidas por el oficialismo y la supuesta elección «a dedo» de jurados por parte de los consejeros. El partido opositor presentará en estos días la investigación que realizó sobre el cuerpo desde 2006, año en el que fue reformado a instancias de la entonces senadora Cristina de Kirchner.
Según el informe, estas problemáticas nacieron con la reforma de la Magistratura en 2006, impulsada por la actual presidente Cristina de Kirchner, entonces senadora nacional. La investigación busca demostrar punto por punto que los argumentos para realizar estos cambios, que proponían un Consejo más austero y eficiente, no sólo no se lograron, sino que, en realidad, habrían encubierto el verdadero propósito de la reforma: el control oficialista de la Magistratura.
En este sentido, Rodríguez, ex consejera del cuerpo, señaló que, desde la reforma, el Consejo es «un organismo cada vez más oscuro, con procedimientos más discrecionales, y que además no cumplió ni uno de los objetivos planteados por Cristina de Kirchner».
Uno de los ejemplos que toma la investigación fue la no publicación de una resolución del cuerpo en su página web, que justamente otorgaba mayor discrecionalidad a los consejeros para la elección de jurados. En el sitio del organismo estaban todas las disposiciones menos la 331, que permite a los consejeros modificar las listas de jurados, seleccionados por los diferentes colegios y asociaciones. «Ahora, los jurados ya no se nombran por fuera de la Magistratura, sino que es a dedo por los consejeros, que además pueden agregar los propios», explicó uno de los redactores del informe.
Éste sería sólo un caso de las múltiples acciones que apuntarían a construir un organismo donde el poder esté concentrado en unos pocos. «La reforma apuntó a un cuerpo con menos personas y con más poder monopólico, donde la discrecionalidad es mayor y la responsabilidad más débil. Este es un contexto en el que, además, hay más probabilidades de que haya corrupción», argumentó Rodríguez. La diputada opositora agregó que proyectos como los de la consejera Diana Conti -quien impulsa, por ejemplo, eliminar el anonimato en los concursos de jueces y aumentar la discrecionalidad- traen como consecuencia un sistema en el que es más fácil violar las normas.
Otro de los aspectos que toma el informe es que, en realidad, la planta de personal de la Magistratura no se habría reducido (uno de los objetivos de la reforma), sino que se habrían incluido a personas del oficialismo en la estructura administrativa, otra modificación que apuntaría al control del Consejo. La investigación se agrega a una larga lista de críticas y reclamos al funcionamiento del cuerpo, sobre el que incluso existen sospechas de corrupción y cuestionamientos por diferencias de criterio inexplicables (por ejemplo, casos de jueces que, a pesar de haber dictaminado lo mismo, a unos se los acusó y a otros no).
Las críticas de la oposición no son las únicas que se escuchan, sino que, por el contrario, muchas provienen del interior del propio cuerpo: los consejeros jueces Miguel Ángel Gálvez y Luis María Cabral ya han expresado en varias ocasiones su disenso respecto de la reforma, especialmente en lo que refiere a la desvinculación de la Corte Suprema del organismo.