Magistratura: jueces críticos largaron pelea en tribunales

Enrique Paixao, Luis María Cabral, Jorge Rizzo y Alberto García Lema

Jueces y abogados impulsaron ayer un raid judicial para iniciar acciones contra la reforma al Consejo de la Magistratura. Sostuvieron que la norma altera los equilibrios que la Constitución establece para la composición del cuerpo colegiado y que somete a los aspirantes a integrarlo a la voluntad de los partidos políticos. Tal como había adelantado este diario, además solicitaron un recurso de amparo contra la norma que limita el efecto de las medidas cautelares. Acudieron a dos fueros: el Electoral y el Contencioso Administrativo (las mayores apuestas están en el primero). Esperan una respuesta en cuestión de horas.

Cronológicamente los abogados fueron los primeros. El titular del Colegio Público de la Capital, Jorge Rizzo, se presentó minutos después de las 7.30 en el fuero Contencioso. Actualmente distanciado del kirchnerismo, ya había sufrido dos reveses por acciones contra la reforma que fueron consideradas presentaciones "en abstracto", o sea, sin una causa concreta que se vea afectada por las nuevas leyes que avaló el Congreso. Esa decisión había correspondido a la jueza María Alejandra Biotti. El azar le jugó en contra a Rizzo y su presentación contra la reforma al Consejo recaló en el mismo despacho. Por eso, en paralelo, también decidió presentarse en el juzgado electoral de María Romilda Servini de Cubría.

A lo largo de la mañana también se presentaron en los tribunales la Asociación de Magistrados, cuya demanda llevó la firma de los abogados -exnegociadores del Pacto de Olivos en 1994- Alberto García Lema y Enrique Paixao y la Junta de Camaristas. La clave de las presentaciones pasó por el decreto 577 más que por el 576 (que estableció la norma como tal). Según las denuncias, el primero, al convocar a elecciones primarias para la elección de los Consejeros es que él estaría generando una situación de agravio a jueces, abogados y académicos.

Rápidamente el fuero Contencioso se vio atiborrado de reclamos. Recibieron presentaciones los jueces Esteban Furnari, Enrique Lavie Pico, Pablo Cayssials, Liliana Heiland y la mencionada Biotti.

Pasado el mediodía comenzaron las especulaciones sobre la suerte de los escritos. Hubo una opinión general: las mayores posibilidades de lograr una respuesta favorable estarían en el juzgado de Heiland (de simpatías cercanas con la UCR), en un fuero donde el kirchnerismo siempre ha litigado con una alta cuota de éxito.

Aún en caso de una serie de rechazos, los querellantes son optimistas respecto de la segunda instancia: en ese terreno hace dos semanas fueron revocadas las sanciones impuestas por Guillermo Moreno a las consultoras económicas que miden su propio índice de inflación.

También fueron políticos los análisis respecto de la postura que podría tomar Servini de Cubría. En las últimas horas su competencia electoral adquirió dimensiones determinantes: en su juzgado quedaron radicadas nueve presentaciones contra la reforma, la gran mayoría efectuadas por partidos políticos.

Cuestiones mencionadas en voz baja: la llegada del hijo de la jueza, Ricardo Cubría, a la secretaría de la comisión de Administración y Financiera del Consejo produjo chispazos en el kirchnerismo que deseaba ese puesto para un colaborador de Axel Kicillof.

Cubría, funcionario de perfil técnico, llegó con el sponsoreo de la Corte y el malestar en el oficialismo devino en una parálisis de poco más de dos meses en las actividades del cuerpo colegiado.



Cónclave

Por la tarde se celebró un cónclave en la Asociación de Magistrados. Rápidamente quedó conformada una suerte de grupo de litigio independiente de la jerárquia del gremio que conduce Luis María Cabral. Forman parte de la nómina integrantes de la lista Celeste (de perfil progresista) y de la Bordó, que controla la Asociación. Los primeros son Marta Gastaldi y Gustavo Rofrano, mientras que por el segundo grupo aparecen Marcelo Gallo Tagle, Jorge Romero, Carlos Bossi, Gregorio Corach y Julio Lucini, quien vive una puja personal en la Cámara del Crimen con la titular de dicha instancia, María Laura Garrigós de Rébori, referente de la corriente "Justicia Legítima" que apoya la reforma.

El camarista Miguel Caminos (Bordó) tuvo un rol clave en la integración de este grupo aunque su firma no aparecere. Extitular de la Asociación, su influencia también fue determinante para designar como abogados a la dupla García Lema-Peixao.

Ambos letrados acompañaron ayer a Cabral en una conferencia de prensa. Explicaron los primeros pasos procesales, argumentaron la contradicción de la nueva norma con artículos de la Constitución y no descartaron una presentación de "per saltum" ante la Corte. También avisaron que desistían de cobrar honorarios profesionales por su participación en el litigio.