Magistratura pide auxilio en crisis judicial mendocina

El Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema buscarán una salida conjunta a la crisis judicial en Mendoza, desatada ante la parálisis de las causas por violaciones a los derechos humanos y las imputaciones contra jueces de la provincia por supuesta complicidad con esos hechos, como también por brindarse protección mutua. El plenario del Consejo resolvió ayer pedirle al máximo tribunal un encuentro público (no está claro si tomará la forma de audiencia, consulta o reunión) para sortear los obstáculos que impiden analizar la conducta de los magistrados mendocinos.

El encuentro de ayer arran- có a las 9 y se extendió hasta las 15 -fue inusualmente largo- y contó con la presencia del procurador general de la Nación, Esteban Righi. El jefe de los fiscales amplió en persona los conceptos que había vertido por escrito la semana pasada acerca de su preocupación por «los obstáculos que encuentra la Justicia» en la provincia. Righi también cuestionó a un conjuez mendocino que, a través de un amparo, frenó un proceso de juicio político contra un camarista provincial: en esa línea mencionó que existen «dificultades cuando las decisiones son tomadas por gente que no es fiscal o juez».

El de ayer fue hasta ahora el punto más alto de la crisis judicial en Mendoza. La disputa llegó al Consejo cuando el organismo intentó analizar la conducta del camarista Otilio Romano y debió suspender el proceso a raíz de un amparo concedido por el conjuez Carlos Parellada.

Tanto Romano como su colega de la Cámara Luis Miret eran investigados por supuesta complicidad con la dictadura. Y ambos lograron también que la Cámara Federal de la provincia separara al juez Walter Bento de la investigación de una causa que los incriminaba. Semejante accionar unificó a todos los miembros del Consejo (políticos oficialistas y de la oposición; magistrados, abogados y académicos) en contra de lo que entienden es una connivencia entre magistrados para frenar los expedientes que los salpican.

La idea de convocar a la Corte surgió del presidente del Consejo, Luis Cabral, y fue acompañada por el resto de los integrantes del cuerpo. El propósito será acelerar la integración de la Cámara Federal de la provincia para promover una resolución del amparo dictado por Parellada, y de ese modo destrabar el eventual enjuiciamiento de Romano.

Durante el plenario también fueron desestimadas tres denuncias en contra del juez federal Norberto Oyarbide, promovidas por el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el diputado del PRO Federico Pinedo. En los últimos meses, el Consejo ya había desechado otras dos denuncias contra Oyarbide, una por parte del encarcelado sindicalista Juan José Zanola y otra luego de haber sobreseído al matrimonio Kirchner en una causa por presunto enriquecimiento.