Malestar y amenazas en CGT oficial

El descontento sindical con el Gobierno llegó a la CGT oficial. Armada con la venia de Cristina de Kirchner para aislar a Hugo Moyano, los dirigentes de la nueva central obrera comenzaron a rumiar entre ellos mecanismos para hacerle saber al Ejecutivo de su malestar por la falta de respuestas en dos temas centrales: el Impuesto a las Ganancias y los fondos de las obras sociales. Algunos, incluso, advirtieron que propondrán medidas de fuerza a partir de la segunda quincena de noviembre en caso de no haber anuncios. Parte de ese caldo de cultivo quedará expuesto mañana en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), adonde se reunirá el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA). Se trata de los exaliados de Moyano y uno de los sectores más afines al Gobierno. Pero también, de los más afectados por la vigencia de los actuales topes de Ganancias.

El sector capitaneado por el taxista Omar Viviani no es el más quejoso. Entre los «gordos» de los grandes gremios de servicios, Oscar Lescano (Luz y Fuerza) advirtió en más de una ocasión que no permitirá cambios en el sistema de obras sociales y marcó la necesidad de modificar el gravamen sobre los asalariados. En privado es uno de los que alienta medidas de acción directa.

A pesar de que hubo contactos formales y reservados con funcionarios, a los dirigentes alineados con Caló les preocupa saber que el Gobierno tiene dos excusas para no atender sus demandas: por un lado, la inminente protesta callejera pautada para el 8 de noviembre, y por otro, la presión de Moyano, que prevé lanzar una huelga nacional junto con la CTA de Pablo Micheli, entre fines de noviembre y principios de diciembre.

La postura del camionero dejó a los gremialistas pegados al Ejecutivo en momentos en que sus bases advierten sobre los efectos que tendrá Ganancias en los salarios, en particular con el pago del medio aguinaldo de fin de año. En esa línea es que dirigentes como Lescano, Omar Maturano (maquinistas, La Fraternidad), Ricardo Frecia (aeronáuticos) y Marcos Castro (capitanes de ultramar) sugirieron elevar el tono de las protestas. El entramado de los fondos de las obras sociales es más complejo. El viernes la superintendente de Salud, Liliana Korenfeld, citó a un puñado de sindicalistas para avisarles que saldría el primer envío de fondos por 175 millones de pesos sobre un total de $ 2.000 millones en subsidios por los próximos diez meses. El alivio quedó opacado ante la presunción de que el Gobierno no podrá ejecutar en lo que queda del año los $ 600 millones que restan del presupuesto para el reembolso de las prestaciones médicas más complejas. Esos reintegros quedaron virtualmente paralizados en marzo pasado, cuando asumió Korenfeld, y desde entonces los pagos se concretaron con cuentagotas.