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Malvinas: Evo movió a la Unasur contra presión británica
«Chile continuará aplicando, conforme al derecho internacional y a la legislación chilena, las medidas destinadas a impedir que embarcaciones que naveguen con la bandera de las islas Malvinas ingresen a los puertos nacionales», reafirmó la Cancillería en un comunicado oficial.
«No es posible que el canciller de Inglaterra nos diga a los países de Sudamérica que no nos asociemos con la Argentina», afirmó ayer el presidente de Bolivia en un acto oficial, según consignó un cable de la Agencia Boliviana de Noticias. La salida de Evo Morales hace punta en otro espacio regional, el de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Uruguay lanzó la iniciativa de vetar el ingreso a buques de bandera isleña en la última cumbre del Mercosur celebrada en Montevideo. Ahora la Cancillería -con Morales a la cabeza- intenta plasmar la misma política de exclusión a la bandera ilegal de Malvinas por parte de los once países restantes que integran Unasur. Interesa a la diplomacia criolla ampliar la medida de apoyo en países con litoral marítimo y facilidades portuarias que podrían ser alternativa a los navíos vetados por el Mercosur; son ellos Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú.
Los presidentes de los Estados miembros de la Unasur acordaron en noviembre de 2010, al término de la cumbre que se llevó a cabo en Guyana, que prohibirán el atraco de barcos con la bandera «ilegal» de las islas Malvinas para respaldar el reclamo de la Argentina por la soberanía del territorio.
La declaración decía: «Los Estados miembros de Unasur se comprometen a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y sus respectivas legislaciones internas, todas las medidas susceptibles de ser reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera ilegal de las islas Malvinas».
La cláusula impacta en dos escenarios, uno meramente simbólico, como es impedir el señoreo del pabellón isleño en ultramar, y otro sensible por sus consecuencias económicas: limitar a los armadores que por razones de conveniencia fiscal optasen por enarbolar en sus buques la bandera de complacencia de los kelpers.
El fuego diplomático de Buenos Aires ardió en Londres y en España, país que aún no expresó su posición. La insignia objetada por el Mercosur y la Unasur la llevan al menos 30 embarcaciones, entre las que hay 20 pesqueros, todos pertenecientes a la flota española. Estos navíos de la flota pesquera de España (Galicia) optaron por el puerto de registro de las islas Malvinas, que junto con las islas del Canal, Gibraltar, isla de Man e islas Turcos y Caicos integran el grupo de banderas de conveniencia del Reino Unido de Gran Bretaña. No basta con arriar el banderín de la discordia e izar otro (la red flag, pabellón nacional), como sugirió el canciller británico Hague, para que se habilite la entrada a un puerto.
El navío en cuestión debe indefectiblemente renunciar al puerto de registro cuyo pabellón enarbola, con lo cual la administración isleña dejaría de percibir el derecho de matrícula y un impuesto o tasa anual basado en el tonelaje de desplazamiento que pagan los pesqueros de origen ibérico.
La Convención sobre Alta Mar que alumbró la Conferencia de Ginebra de 1958 echó luz sobre el uso amañado de múltiples pabellones; el artículo 6 de la misma convención establece que un buque que navegue usando dos banderas podrá ser considerado sin nacionalidad. Luego, sujeto al rechazo de la autoridad marítima nacional.


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