Maratón en Diputados para impedir mañana sanción del GAFI

Alfonso Prat Gay, José Sbatella, Federico Pinedo

El Gobierno tiene un solo apuro en el Congreso por estos días: que de una vez por todas avancen la reforma al Código Penal y la ley contra el lavado de dinero. Esa ansiedad tiene su justificativo: el país ya fue intimado no sólo a modificar su legislación sobre lavado, sino también a mostrar algún avance práctico en ese combate. Es decir: tras la última reunión del GAFI en París, que el Gobierno intentó mostrar como un simple paseo sin mayores inconvenientes, la Casa Rosada quedó notificada de que si no existían cambios en la legislación local, el país sería sancionado durante la próxima reunión en mayo, cuando México asuma la presidencia de ese organismo. Pero para llegar a ese encuentro, el país debe demostrar, en no más de 15 días, que está llevando adelante las reformas.

La Argentina sabe que aunque muestre algún avance en la Justicia (uno de los temas críticos en la evaluación del país), de nada servirá si no lleva a la próxima reunión una reforma integral al sistema legal de control al lavado. De ahí la carrera y el reto de Cristina de Kirchner al Congreso en la sesión de la Asamblea Legislativa de apertura de las sesiones ordinarias.

El apuro en el Congreso es máximo. Mañana la comisión de Legislación Penal recibirá el borrador que elaboraron todos los asesores de los bloques que trabajaron todo el verano para unificar criterios. Allí, los diputados intentarán llegar a un acuerdo introduciendo más modificaciones para bajarlo al recinto cuanto antes. Nadie, ni oficialismo, ni oposición, quiere pasar un papelón internacional por otra demora en debatir las reformas. Así, Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra y Alfonso Prat Gay deberán dar la última palabra para aprobar o rechazar un acuerdo en torno a un texto único.

Pero mientras la oposición tiene un proyecto unificado y casi sin diferencias con el kirchnerismo, en los últimos días las posiciones comenzaron a alejarse nuevamente, después que visitaron esa subcomisión dos representantes del Gobierno, Patricia Llerena, jueza de Cámara del Tribunal Oral Criminal Nº 26 de la Capital Federal, y Gabriel Cuomo, el segundo de José Sbatella, jefe de la UIF.

Desde ese momento, hace una semana, las posiciones parecieron volver a dividirse no tanto sobre la tipificación del delito de lavado en el Código Penal, como por las funciones y la estructura de la Unidad de Información Financiera. El mensaje opositor fue claro: «Apoyamos cualquier reforma, pero no la continuidad de la conducción de la UIF con los poderes y la estructura actual».

Así aceptan que se nombre un vicepresidente en el organismo, pero no que tenga poder de presentarse como querellante en causas penales y tampoco que la UIF sea el representante del país ante el GAF.

Mientras tanto, la amenaza sigue pendiente. En la última revisión completa al país, el GAFI dejó claro que «la Argentina no ha hecho progresos adecuados para atacar una serie de deficiencias... las medidas legales y preventivas que están en vigencia tienen una falta de efectividad. Esto se complica por una falta de coordinación, superposición de jurisdicciones de agencias locales e inconsistentes requisitos verticales a través de los sectores financieros, como horizontalmente».

Así, la oposición propone en el Congreso una UIF más chica, pero efectiva, cuyas funciones todavía se discuten. De hecho, Cuomo ya presentó su informe ante la comisión, el viernes pasado, sobre las reformas que pretende el Gobierno, pero Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, aún no lo hizo circular por la oposición.