Más presión sobre juez por la tarifa de subtes

Mauricio Macri ayer, junto al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, en una visita a la Usina de Ideas, en el barrio porteño de La Boca.

El juez Fernando Juan Lima, quien tiene a su cargo la resolución sobre los amparos presentados por el aumento del viaje en subte, sumó ayer otro pedido, esta vez del Partido Obrero y la ampliación de la presentación de la medida cautelar por parte de las organizaciones de consumidores y diputados aliados del kirchnerismo. A la vez continuó la protesta gremial con la mecánica de abrir los molinetes para que los usuarios viajen gratis durante tres horas por la mañana y otras tantas por la tarde.

Salió el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, ayer a justificar la medida dispuesta por un decreto de Mauricio Macri la semana pasada, cuando los movileros lo interrogaron luego de presentar un plan de restricción de uso del automóvil (ver nota pág. 19).

El funcionario explicó que la demandada audiencia pública está convocada para después de los 90 días que fija el acta suscripta entre la administración PRO y el gobierno nacional, como plazo para el convenio definitivo de transferencia a la ciudad del control de los subterráneos.

El Gobierno se funda, además, en que existe una audiencia pública ya realizada en 1998, aunque para los abogados a cargo de diferentes presentaciones «era otro momento económico y ningún juez se le ocurriría dar por válida esa instancia».

Sustento legal

Sin embargo en el PRO están convencidos de que no habrá modificación porque «el decreto está legalmente sustentado» y entonces el magistrado podría rechazar las cautelares, en función de «evitar que se afecte un servicio público».

También ayer, desde el ministerio público, le reclamaron a Lima que resuelva la situación.

La fiscal Ana Di Iorio, solicitó que se habilite la feria judicial para que se traten los amparos en contra del aumento que llevó el precio del viaje de $ 1.10 a $ 2.50.

La fiscalía tuvo en consideración que la situación se refiere a «reclamos que afectan derechos de ciudadanos».

Así, Lima o bien podría dar a conocer hoy su fallo definitivo o emitir otro tipo de resolución como el pedido de más documentación, alargando el plazo para definir. Inclusive, podría solicitar datos al Gobierno porteño, ya que la norma porteña referida a las acciones de amparo sostiene que «cuando la medida cautelar solicitada afectase la prestación de un servicio público o perjudicara una función esencial de la administración, el juez previamente le correrá traslado a la autoridad pública demandada para que se expida dentro de un plazo máximo de dos días» acerca de la inconveniencia de adoptar la medida.

Con el pedido de medida cautelar que presentó ayer el Partido Obrero, ya son cuatro los amparos referidos al tema.

«Con el aumento dispuesto, se sostendría la actual corriente de subsidios que percibe Metrovías, aún cuando -según lo reconocen las mismas autoridades- no realizaron los estudios económicos y técnicos referidos al contrato de concesión», denunció el PO.

El reclamo se agregó a los presentados por el legislador porteño Alejandro Bodart (MST), el de la asociación Ciudadanos Libres, y el de los bloques que presiden Aníbal Ibarra y Gabriela Cerruti junto a ONG de consumidores, el auditor de la Ciudad Eduardo Epztein y la adhesión de las kirchneristas María Rachid y María José Lubertino.

Por su parte, los gremialistas del subte piensan continuar toda la semana permitiendo en horas pico que los pasajeros viajen sin pagar.