Jaime Campos (AEA), Luis Betnaza (Techint), Alberto Álvarez Saavedra (Cámara de Farmacéuticos) y José Ignacio de Mendiguren (UIA) repudiaron ayer en la Comisión del Mercosur las estatizaciones sufridas por el Grupo Techint.
Con un desembarco masivo sin precedentes en el Congreso, las principales cámaras industriales, empresarias y exportadoras del país repudiaron en la Cámara de Diputados la estatización bolivariana de compañías de la firma Techint.
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La Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y hasta la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtieron en el Parlamento sobre la amenaza que sufre la propiedad privada de empresas de capital argentino en la Venezuela de Hugo Chávez.
Sin presencia de diputados del oficialista Frente para la Victoria PJ, las principales cámaras del sector privado de la Argentina acudieron a la convocatoria «urgente y extraordinaria» que realizó la Comisión del Mercosur para condenar la estatización en Venezuela de las firmas Tavsa, donde Techint tiene participaciones mayoritarias, y de Comsigua, en la que es socio minoritario. Bajo la conducción del diputado macrista Julián Obiglio, titular de la Comisión, la sesión abrió con el discurso de Luis Betnaza, director de Relaciones Institucionales del Grupo Techint y vicepresidente de la UIA. «Esto prácticamente nos saca de Venezuela», lamentó el ejecutivo, quien además admitió que la estatización impulsada por Chávez tomó a su empresa «por sorpresa», dijo el representante de Techint, firma a la cual Chávez ya había expropiado la siderúrgica Sidor -por la cual se fijó una indemnización al grupo por u$s 1.970 millones-. Aprovechando que los diputados del PRO, UCR, Coalición Cívica y el peronismo disidente presentaron un proyecto de ley para suspender la adhesión de Venezuela al Mercosur mientras Chávez sea presidente, Betnaza insistió con que se defina si la medida venezolana de estatizar tres compañías de origen argentino «es compatible con el ingreso del país de Hugo Chávez al Mercosur».
Jaime Campos, director ejecutivo de AEA, una asociación de empresas privadas que en conjunto facturan 200 mil millones de pesos y emplean a más de 300 mil personas, fue uno de los más enérgicos a la hora de condenar la ola estatizadora de la República Bolivariana. A través de un comunicado, reclamaron que «el ámbito privado de las empresas debe ser respetado y, en particular, el derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias. Incluir dentro del Mercosur a un país que realiza sistemáticamente acciones contrarias a la actividad empresarial afectará negativamente el ambiente de negocios y la imagen internacional de todo el bloque».
A fines de 2006, el Congreso aprobó el Estatuto de Adhesión de Venezuela al Mercosur, al igual que los Parlamentos de Uruguay y Paraguay. Sin embargo, para concretar el desembarco venezolano en el bloque es necesaria la conformidad de los Poderes Legislativos de todos los países miembros. Por ahora, Brasil es el único país que no aprobó en su Parlamento la adhesión de Venezuela.
Desde AEA también definieron las estatizaciones como «acciones que se realizan de manera discriminatoria, creando desigualdades de tratamiento entre miembros del Mercosur».
Por la UIA estuvieron presentes José Ignacio de Mendiguren y el director ejecutivo de la entidad, Martín Etchegoyen, quien advirtió que la medida impulsada por Chávez «lejos de promover la igualdad regional, fomenta su división».
Enrique Mantilla, presidente de CERA; Carlos Restaino, de la CAC y Asociación Empresaria Argentina (AEA); Norberto Peruzzotti, de la Asociación de Bancos Argentinos, y Juan Pedro Merbilha, de Carbap, completaron el staff de las cámaras empresariales e industriales que coparon ayer el Congreso.
La única voz que defendió el aval del Gobierno de Cristina de Kirchner a las estatizaciones chavistas fue Rubén Manusovich. «Nadie nos invitó, yo vengo de Fedecamaras, pero quiero hacer uso de la palabra», susurró el dirigente en el oído de Obiglio. «Acá también hubo nacionalización de empresas, que fue necesaria porque estaban en quiebra, y sin embargo nadie planteó la expulsión de la Argentina del Mercosur», se quejó Manusovich.
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