Máximo tribunal se mete en la disputa por Veladero y pide informe a San Juan

Jueces exigieron al Gobierno provincial que indique si la Barrick Gold presentó datos sobre los derrames y si se alertó a la población sobre riesgos.

Ricardo Lorenzetti

La Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno de San Juan que indique si las empresas Minera Argentina Gold S.A. y Barrick Exploraciones Gold S.A. han informado sobre los supuestos derrames de cianuro ocurridos en la mina Veladero el año pasado y el 8 de septiembre, según información que dio a conocer la propia compañía. En paralelo, el fiscal federal Ramiro González insistió en pedir operativos en el Ministerio de Ambiente de la Nación y en el de Energía y Minería para saber qué actuaciones oficiales hubo una vez conocido el episodio.

Por otra parte, el máximo Tribunal en una acordada firmada sobre el mediodía pidió al Gobierno provincial que explique si puso en conocimiento de los habitantes potencialmente afectados la existencia y alcance de los derrames referidos.

Después del mediodía, el juez federal Sebastián Casanello dispuso a pedido de González nuevos operativos en las dependencias oficiales para buscar información sobre los controles que se hicieron en la mina, en sintonía con requerimientos judiciales realizados la semana pasada.

En la Justicia de la Capital Federal sí se investiga si existieron diferentes incumplimientos u omisiones por parte de funcionarios nacionales los cuales estarían directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero.

En cuanto al pedido de la Corte, el Tribunal busca establecer "en especial si ha comunicado las consecuencias que de tales hechos podrían derivarse para la salud y la vida de aquéllos y las medidas concretas que la comunidad debería adoptar para prevenir riesgos o combatir eventuales problemas de salud que de ellos se deriven". Desde San Juan pusieron paños fríos sobre el posible derrame y atribuyeron la difusión del episodio a un enfrentamiento interno dentro de la propia Barrick y el grupo de ambientalistas que cuestionan la explotación por altamente contaminante.

La decisión de la Corte se dio a pedido de la Fundación Ciudadanos Independientes en el que reclama saber sobre la legalidad de las autorizaciones para explotar los proyectos mineros señalados, todos ellos ubicados en la zona cordillerana donde existen glaciares que requieren protección, y sobre el riesgo a la salud que provoca la actividad minera. Según la demandante, la "omisión legislativa del Estado Nacional en el dictado de la Ley de Protección de Glaciares permitió que la provincia autorizara la actividad minera en la zona".

"Los hechos que se denuncian exigen de esta Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese marco, la adopción de las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de estos últimos, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional", sostuvo la Corte en su fallo.

El Tribunal remarcó que "le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados".