Medida cautelar para destrabar conflicto

Edición Impresa

La jueza porteña Patricia López Vergara anticipó que «a más tardar» hoy emitirá una medida cautelar con el objetivo de marcar una salida al conflicto que mantiene paralizado el servicio de subterráneos, que hoy estará interrumpido por sexto día consecutivo. Ayer, la magistrada en lo Contencioso Administrativo mantuvo una reunión con la legisladora kirchnerista María José Lubertino quien presentó un amparo la semana pasada, aunque desistió de organizar nuevas audiencias en su juzgado con sindicalistas, representantes del Gobierno de la Ciudad y la empresa Metrovías como las que realizó hasta el martes por la noche. El contenido de la resolución desataba anoche todo tipo de especulaciones y pronósticos tanto en la administración del PRO como en el Gobierno nacional. La jueza buscará destrabar fondos para que la concesionaria Metrovías respalde la promesa de aumento salarial.

En declaraciones radiales, López Vergara sostuvo que comenzó a redactar la medida cautelar ayer por la tarde, analizando las opciones posibles para defender «la paz social». «En vistas de las negociaciones, hoy (por ayer) tuve que empezar de cero con otra decisión. Tenemos la obligación de poner lo mejor de nosotros para lograr la paz social. Incluso en esta definición, más allá de las normas, tengo que ver que estoy al servicio de la gente, como estamos todos», expresó la jueza, que adelantó que espera tener listo su escrito hoy a las 8 de la mañana.

López Vergara no dejó trascender información sobre el contenido de la medida cautelar, aunque ya desestimó la posibilidad de obligar a los trabajadores a regresar a sus puestos en los subterráneos: «No puedo dar una orden de que paren una huelga. Además, estaría reñido con mi conciencia», sostuvo.

Anoche la tesis que mayor consenso lograba entre los abogados de la Ciudad, que encabeza el procurador Julio Conte Grand, era que López Vergara podría definir que se movilicen los fondos que el Estado nacional depositó en un fideicomiso del Banco Nación (algo más de $ 100 millones) y que se destinen a cubrir el incremento salarial que los sindicalistas y la empresa negociaron en su despacho.

Ese dinero el Gobierno nacional lo depositó en un fideicomiso pero se inmovilizó al no aceptar Mauricio Macri la transferencia del servicio de subterráneos. Por tratarse de un fideicomiso, el jefe de Gobierno porteño puede utilizarlo pero solamente presentando el destino de la inversión de esos fondos. No lo hace porque rechazó el acta que había firmado aceptando tomar el control de la concesión de los subtes. Ahora, en un giro de la situación y ante una jueza que suele incomodarlo, Macri podría solicitar los fondos con una orden judicial bajo el brazo.

Los argumentos de la jueza podrían girar en torno a que el acceso a ese fideicomiso es la vía más rápida para destrabar el conflicto salarial y sus consecuencias y que además puede satisfacer tanto a la empresa Metrovías como a los gremios, que en su despacho manejaron la posibilidad de aceptar un incremento salarial del 23% contra el 28% que vienen reclamando.

Dejá tu comentario