Medios: Corte les toma examen a los litigantes

Cuchicheos entre los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt en la primera jornada de la audiencia por la causa medios. Ante el micrófono, la procuradora Alejandra Gils Carbó y el jurista Juan Vicente Solá.

El Gobierno y el Grupo Clarín participarán hoy de la segunda jornada de la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia en una suerte de examen a que los someterán los integrantes del tribunal. Cada una de las partes tendrá media hora para exponer, y participarán por parte del Estado el titular de la autoridad de aplicación, Martín Sabbatella y por el monopolio estarán la jurista María Angélica Gelli y los abogados Alejandro Carrió y Damián Cassino.

Después serán sometidos al interrogatorio de los jueces. Ayer las dos partes se trenzaron en la primera jornada de la audiencia pública a través de los "amigos del tribunal" (amicus curiae) llamados a defender las posturas de cada parte.

Hablaron cinco por el Estado y otros tantos por el monopolio. El debate giró en torno de la tensión entre el argumento de presunta afectación a la libertad de expresión y prensa, y la noción de derechos adquiridos, alegados por Clarín, y la defensa sostenida por el Ejecutivo del interés público y la necesidad de evitar la concentración del mercado de contenidos audiovisuales.

Del arranque de la audiencia participaron los siete ministros de la Corte, encabezados por Ricardo Lorenzetti. Eugenio Zaffaroni se retiró pocos minutos después del inicio para viajar a Alemania. El debate se basó en tres ejes cuya constitucionalidad fue puesta en tela de juicio: Clarín objetó el mecanismo de transferencia de licencias y el plazo de desinversión prela ley, sancionada en 2009 y nunca puesta en plena vigencia, mientras que el Ejecutivo, criticó que un fallo de la Cámara Civil y Comercial declarase inconstitucional el límite de licencias para la televisión paga.

A favor de la postura del monopolio habló, entre otros, Asdrúbal Aguiar, del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, quien ligó la pérdida de licencias por parte del multimedios con una eventual afectación a la libertad de expresión.

En el ida y vuelta de posiciones, Eduardo Oteiza, de la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, destacó a favor de la postura de Clarín que para garantizar mejores medios es necesario asegurarles "autonomía financiera". A continuación, Carlos Ruta, de la Universidad de San Martín, sostuvo que en caso de no poder aplicarse la ley de Medios estará en juego "la democracia constitucional" al no haber controles a la concentración.Damián Loreti, abogado que participó en la redacción del proyecto de ley, dio los argumentos del gobierno respaldados por numerosos ejemplos de la jurisprudencia internacional.

Le siguió el abogado Beinuz Smuckler, otro "amicus" a favor del Estado, acusó a Clarín de ser un "monopolio informativo asociado a la red mundial de la desinformación" y pidió al máximo tribunal que "se permita la vigencia plena" de la norma."Los que detentan el control monopólico (de medios) incurren en discriminación y ensanchan la desigualdad existente. No está en juego la libertad de prensa ni de expresión", apuntó, en alusión a los artículos cuestionados, que fijan límites a la concentración de licencias y establecen que en la propiedad de licencias no hay derechos adquiridos.

El abogado Lucas Sebastián Grossman, "amicus" de Clarín se manifestó en contra del fallo, Cerraron la audiencia los "amicus" independientes: Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación; Cynthia Ottaviano de la Defensoría del Público y Juan Vicente Sola del Centro de Estudios en Derecho y Economía.

Gils Carbó advirtió sobre el "peligro de la concentración" y reclamó un "fallo histórico" a favor de la constitucionalidad. La Procuradora recordó que como fiscal en lo comercial había impugnado la fusión Multicanal-Cablevisión.

Ottaviano argumento en favor de una "ciudadanía comunicacional" que remitió al autor Carlos Soria (no aclaró relación con el fallecido gobernador de Río Negro). Pidió que "por Dios" la Corte declare la constitucionalidad plena de la norma. Solá, en cambio, dijo que él no le daba consejos a la Corte y que la norma merece reparos por la forma como pretende controlar concentraciones que deberían ser objeto de la autoridad de defensa de la competencia.