Mendoza emite $ 210 M en Letras del Tesoro

Mendoza - En medio del campo minado en materia financiera que debió atravesar durante los últimos meses, el Gobierno del justicialista Francisco Pérez lanzó una emisión de Letras por $ 210 millones, destinadas a atender urgencias de caja.

Se trata de dos series de $ 163 millones y $ 46 milones, que deberán ser canceladas en octubre y noviembre próximos. La herramienta también es usada por otros distritos, como Buenos Aires, Entre Ríos y Chaco.

La movida mendocina se da en el marco de la incertidumbre generada por la sorpresiva marginación de Mendoza -junto con Chubut, Río Negro y Neuquén- de la nueva tregua en los pagos de vencimientos de deuda con Nación, en medio de los cuestionamientos de esos distritos al proyecto de ley de hidrocarburos que impulsa Cristina de Kirchner.

Ese destrato implica abrir la puerta a recortes en los envíos de coparticipación para cubrir los pagos de rigor, aunque hasta el momento no se concretaron, de la mano de conversaciones para intentar arribar a un acuerdo en torno de la norma petrolera.

Por de pronto, la iniciativa en torno de las Letras del Tesoro -publicada en el Boletín Oficial local- lleva la firma en este caso del flamante ministro de Hacienda, Juan Antonio Gantus, tras la asignación de Marcelo Costa en la cartera de Agroindustria.

El Ejecutivo está autorizado a emitir Letras del Tesoro este año por hasta $ 280 millones. Además, tras un tortuoso recorrido parlamentario y judicial, cosechó el aval legislativo para endeudarse en paralelo por $ 800 millones.

En los proyectos iniciales de Pérez y Costa figuraba la colocación de un título en el mercado internacional por u$s 250 millones. Sin embargo, el revés argentino en Estados Unidos en su lucha contra los holdouts obligó a un cambio de planes y a volver a mirar a los inversores locales. A ello se sumó un tironeo telúrico con la UCR mendocina, que derivó en un freno judicial a la autorización de endeudamiento con la que contaba Pérez. Finalmente, un acuerdo político permitió destrabar el permiso por los citados $ 800 millones.