Militares, a la caza de sus viejos pesquisas

Edición Impresa

El Gobierno ordenó la intervención de las tres fuerzas armadas con el propósito de obtener datos presuntamente útiles para juicios por derechos humanos. La disposición también alcanzó al Estado Mayor Conjunto.

El viernes de la semana pasada, el brigadier general Jorge Chevalier, el teniente general Luis Pozzi, el almirante Jorge Godoy y el brigadier general Normando Costantino recibieron un escrito firmado por la ministra que con carácter de «urgente» comunica a los mandos la designación de un Grupo de Trabajo para que «en un plazo de seis meses prorrogables emprenda la tarea de relevamiento y análisis de toda la información que pueda resultar de valor histórico y/o judicial que se encuentre archivada y/o custodiada en dependencias de los Estados Mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea».

Autorización

La task force de investigadores (una por fuerza) está autorizada a «precintar y limitar el acceso temporal en aquellas dependencias donde se considere pertinente y necesario preservar el contenido, evitar su extravío y realizar el análisis de la documentación almacenada», dice la orden de la jefa castrense.

Los siete artículos de la resolución ministerial sorprendieron al alto mando de las fuerzas, no se había adelantado nada a los jefes ni siquiera en los contactos que mantuvo Nilda Garré días pasados con generales y brigadieres. El texto trascendió a cuadros más bajos en coincidencia con el arribo de los grupos de investigadores a los comandos de las armas, en esos niveles la medida cayó mal. Se tomó como una intromisión injustificada habida cuenta de que «en cada institución ya existen estructuras formales que pueden dar respuesta a cualquier pedido que se plantee desde el ministerio», dijeron a este diario fuentes militares. En la orgánica de las fuerzas hay direcciones de asuntos jurídicos, de derechos humanos y de estudios históricos en condiciones de satisfacer cualquier requerimiento, apuntaron esas fuentes.

En otro párrafo, Garré instruye a los jefes para que «permitan el acceso irrestricto al Grupo de Inspectores, la entrega de copias de las llaves de las dependencias, oficinas y armarios donde se encuentre la información de interés». ¿Incluirá los despachos y escritorios de los titulares de las tres fuerzas? No se salvó ni el Estado Mayor Conjunto, Chevalier debe abrir sus instalaciones a la pesquisa si aparecen datos en dependencias de las fuerzas que vinculen al EMC.

También establece que se asignen espacios de trabajo exclusivos para los cuatro inspectores con disponibilidad de línea telefónica.

Presunción

No lo dice la letra de la resolución, pero todos interpretan que el escrito de Garré va en línea con la presunción extendida en algunos funcionarios K, en sectores de ex detenidos y en organizaciones de derechos humanos acerca de que existen archivos secretos de la actuación de las fuerzas durante los años de plomo
.

La decisión se orienta a un sector específico: los dossier de los servicios castrenses. La primera etapa fue la obtención de la lista de los PCI (personal civil de inteligencia) que actuaron entre 1976 y 1983.

El padrón de agentes de las tres fuerzas se cruzará con los datos de testimonios de ex detenidos en las innumerables causas abiertas por supuestas violaciones a los derechos humanos. Esa medida arrojó una sorpresa incómoda: la revelación de que el propio director nacional de Inteligencia Estratégica del ministerio, licenciado Carlos Aguilar, fue espía durante el Proceso militar.

Obligada

Husmear oficinas sujetas a normas de disciplina del secreto cuya vulneración puede traer consecuencias penales obligó a la ministra a autorizar el acceso del equipo de inspectores en los términos que establece la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 (pueden requisar archivos, banco de datos, nóminas de personal de inteligencia, etc.).

Hay voces que por lo bajo objetan el avance de estos grupos, dicen que por el Decreto Nº 1076/2006 la Presidente delegó en Nilda Garré la facultad de acceder a la información clasificada que manejan los servicios en la actividad de inteligencia estratégica militar y que esa atribución no puede ser transferida a su vez a otros, sino que debe mediar una delegación específica de la mandataria, pues se trata de personas ajenas al ámbito de la defensa.

Dejá tu comentario