Brasilia - Una avalancha de casos de corrupción y malversación de fondos en el Senado brasileño derivó ayer en la expulsión de dos altos funcionarios del cuerpo, mientras el escándalo amenaza con cobrarse importantes víctimas del oficialismo. Legisladores de distintas corrientes reclamaron que pida licencia el veterano José Sarney, titular de la Cámara alta y aliado fundamental de Luiz Inácio Lula da Silva.
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En un intento por aliviar la presión, el Senado despidió al director general de esa Cámara, Alexandre Gazineo, y al de Recursos Humanos, Ralph Siqueira. Es el segundo cambio de director general en menos de cuatro meses.
Si bien Lula no se ve afectado en lo personal, como ocurriera en otros episodios que implicaron a su entorno político más próximo, trató ayer de minimizar lo sucedido. El mandatario afirmó que «hay cosas mucho más importantes para discutir en Brasil» y recordó que «el pueblo ya ha visto muchos escándalos divulgados en verso y prosa, que finalmente no acaban en nada». Gazineo y Siqueira estaban en el ojo de la tormenta por cerca de 200 nombramientos de allegados al ex presidente Sarney (1985-1990) y otros legisladores. Esto y una amplia gama de beneficios e irregularidades se mantenían en un estricto secreto, con un aceitado mecanismo de ocultamiento.
Tensa reunión
En medio del creciente escándalo, el Senado realizó una tensa reunión plenaria, presidida por Sarney, en la que el senador Pedro Simon sugirió directamente al titular de la Cámara que pida licencia para permitir una investigación. Otros dos senadores, Cristovam Buarque (oficialista) y Demóstenes Torres (opositor), también pidieron el lunes que Sarney diera un paso al costado.
La semana pasada, cuando surgían nuevas denuncias, Sarney afirmó en una sesión que no dejaría el cargo, ya que las irregularidades se habrían conocido -según entiende- por su acción.
La prensa brasileña informó que entre las 600 medidas mantenidas en secreto (sin comunicación a los senadores ni publicación en el diario oficial o las actas) se incluye el nombramiento de unos 11 familiares indirectos o aliados de Sarney para cargos con altos salarios en el Senado.
Otras medidas corresponden al uso irregular de pasajes aéreos destinados a misiones oficiales que terminaron siendo viajes de turismo y donaciones a familiares.
También hubo denuncias sobre las ayudas de vivienda que reciben los parlamentarios en Brasilia. Sarney, por caso, se vio obligado a devolver el equivalente a u$s 7.600 que cobró «erróneamente» por ese concepto.
Lula amplió su queja: «En mayo generamos más de 100.000 empleos, pero los titulares se concentran en los empleos del Senado. Los problemas del Senado los resolverá el Senado».
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