Misión para Alicia Castro: pelear contra autodeterminación kelper

Cristina de Kirchner ya le dio instrucciones al equipo argentino comandado por la nueva embajadora Alicia Castro. Deberá lidiar con el canciller William Hague para refutar el principio de autodeterminación de los malvinenses y su derecho a firmar concesiones petroleras.

Alicia Castro designada embajadora ante el Reino Unido asume el cargo con la instrucción de Cristina de Kirchner de «optimizar la relación entre ambos países y trabajar todos y cada uno de los puntos que conforman la vasta agenda bilateral».

La misma consigna de superficie recibió Jorge Argüello para la tarea diplomática ante los Estados Unidos. Los dos embajadores tienen una prioridad común: la cuestión Malvinas y una misión: continuar con el énfasis que desde 2003 aplica la Cancillería para desplegar el conflicto en la opinión pública internacional.

Castro ubicada en el ojo del huracán, Londres, irradiará hacia la Unión Europea (UE). Argüello, tras su experiencia en las Naciones Unidas, acompañará ahora desde Washington, la otra pata decisiva para una salida negociada con el Reino Unido.

Estrategia

La última gira del canciller Héctor Timerman por Centroamérica formó parte de esa estrategia en procura de ampliar el respaldo hemisférico que dieron países del Mercosur y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La Dirección de Malvinas y Atlántico Sur (DIMAS), a cargo del embajador Javier Figueroa y de la ministra de primera, María Fernanda Cañas, dos diplomáticos que compartieron la función con Federico Mirré, el último embajador argentino ante el Reino Unido, completan la task force. Se encargarán de proveer la batería de argumentos jurídicos, títulos y razones históricas que asisten el reclamo soberano. El rol de Cañas no es menor, en 1974 fue maestra de castellano de los kelpers, cubrió la función en el marco de un requerimiento que el Foreign Office había canalizado al Gobierno argentino. Importa ahora que se percibe una escalada en la argumentación británica sobre el derecho de autodeterminación de los isleños.

La semana pasada en una gira por la Comunidad del Caribe (Caricom), el canciller británico William Hague forzó a los 16 países insulares: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Sant Kitts and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago a apoyar la autodeterminación de los kelpers. ¿Qué otra cosa podían decir los integrantes de ese bloque caribeño, la mayoría excolonias, miembros del Commonwealth? La independencia de las potencias que antaño los colonizaron (Gran Bretaña, Francia y Holanda) se basó -entre otros reclamos- en ese principio, claro que fue esgrimido por pueblos que eran originarios con homogeneidad cultural, étnica y lingüística propia, características que no tienen los angloparlantes moradores de Malvinas.

Inaplicabilidad

La Resolución 2065 de la ONU que insta a las partes a negociar y las sucesivas del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (Comité de los 24) han establecido la inaplicabilidad del principio de autodeterminación al caso Malvinas, porque sus habitantes no son un pueblo originario del archipiélago sino trasplantado por la potencia que de hecho domina el territorio. La autodeterminación que el premier Cameron y sus socios dependientes de la Caricom exaltan para los habitantes británicos de Malvinas y también de Gibraltar, se niega a un país, Escocia, cuyo Gobierno impulsa en la actualidad un referendo para que los escoceses opten por la independencia de Gran Bretaña.

No es la única contradicción en la guerra de relatos.

Surinam y Guyana, dos países de la Caricom que respaldaron el pedido de Hague acerca de la autodeterminación de los kelpers, firmaron como miembros de Unasur, en noviembre de 2010, al término de la cumbre que se llevó a cabo en Guyana, la declaración final cuyo texto establece la prohibición en el atraco de barcos con la bandera «ilegal» de las islas Malvinas a puertos de la región, para respaldar el reclamo de la Argentina por la soberanía del territorio insular.