Morales lanzó guerra para derribar a la Corte Suprema

Evo Morales

La Paz - El Gobierno de Evo Morales presentó ayer ante el Congreso una demanda contra miembros de la Corte Suprema, entre ellos su presidenta, Beatriz Sandoval, por un presunto fallo ilegal sobre un caso de terrorismo. La prevaricación acusada por el Ejecutivo radica en el cambio de jurisdicción de La Paz a Santa Cruz de un juicio que implica a un grupo armado que buscaba la autonomía cruceña.

Los ministros de Defensa, Walker San Miguel; de Gobierno, Alfredo Rada; de Justicia, Celima Torrico, y de Defensa Legal, Héctor Arce, así como la viceministra de Justicia, Cecilia Rocabado, anunciaron la demanda en una conferencia de prensa en el Palacio Quemado.

Los magistrados de la Corte Suprema fueron acusados de prevaricación, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la carta magna por respaldar decisiones que avalaron el cambio de jurisdicción de La Paz a Santa Cruz en la investigación de una banda de terrorismo.

Esa banda, desarticulada en abril en una operación policial, tenía como objetivo formar milicias armadas para resistir en Santa Cruz un posible ataque del Gobierno central y con la posibilidad después de plantear la escisión de territorio cruceño, el departamento más grande del país.

La Fiscalía de La Paz estableció que el líder de la banda era el boliviano croata húngaro Eduardo Rozsa, quien fue abatido en Santa Cruz por la Policía junto a otros dos presuntos miembros del grupo.

El Gobierno defendió que la investigación debe hacerse en La Paz porque hubo riesgo en la seguridad del Estado, en tanto que los dirigentes de Santa Cruz sostienen que la Fiscalía paceña quiere implicarlo políticamente en el caso.

Involucrados

La viceministra Rocabado explicó que el juicio fue planteado en contra de la presidenta en funciones de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval, y los magistrados Rosario Canedo y José Luis Baptista, además de otros cuatro conjueces convocados en ese caso.

Según el Gobierno, la Corte Suprema no valoró de forma adecuada si correspondía respaldar el cambio de jurisdicción que fue solicitado por un empresario y líder opositor de Santa Cruz.

El empresario que hizo esa gestión fue Branko Marinkovic, un líder cívico y autonomista opositor a Morales que no está imputado en el caso, aunque sectores del Gobierno insinuaron que podría tener vínculos con la financiación de esa banda.

El ministro de Defensa, el abogado San Miguel, dijo que en la Corte Suprema hubo un «cúmulo de errores procesales» que, en su criterio, fueron cometidos para «mantener en la impunidad» a quienes apoyaron a la banda terrorista que actuaba en el país.

Agencia EFE