Moreno y su último aporte al Gobierno

Unos seis años después de haber desembarcado e intervenido con su task force en el INDEC y 144 presentaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) después, Guillermo Moreno, ya fuera del Gobierno, dio ayer su último opus como legionario de la inflación diseñada. El exsecretario de Comercio Interior llegó en enero de 2007 a tomar el control del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y terminar con un flagelo que se venía venir como problemático para el Gobierno nacional: el alza de los precios. El exsuperfuncionario lo hizo de la manera más directa y efectiva: interviniendo el organismo, eyectando a los responsables máximos con décadas de experiencia y armando un índice a imagen y semejanza de la inflación que en su mente debía existir en el país. Que no reflejara el alza de precios real en la economía era un problema aparte. En cierto sentido, era más fácil terminar con el alza de precios fulminando el IPC que bajando en serio la inflación. Fue una forma formal oficial y respaldada por el poder político de "romper el termómetro" como mecanismo para "terminar con la fiebre".

En su diseño gráfico lo logró. En estos años la inflación morenista del INDEC reflejó un alza del 57%, con un promedio del 9,5% anual entre 2008 y 2013. En el mismo período, la "inflación Congreso" llegó al 144,9% con un promedio mensual del 24,15%. La diferencia anualizada llega al 88% entre ambas mediciones. Lo peor es que ninguna se puede tomar como seria. Así como la oficial morenista es fruto del excel de la computadora que reinaba en la oficina del superministro, la "Congreso" es consecuencia de un promedio de lo que las consultoras privadas miden mes a mes a partir de sus propios cálculos más econométricos que fruto de encuestas serias. Sucede que sólo el Estado con sus recursos está calificado estructuralmente para medir seriamente y con mecanismos estadísticos serios y profesionales el alza mensual de los precios. Un privado, aunque trabaje con absoluta buena fe y conocimientos técnicos, nunca podrá aplicar las herramientas técnicas con que cuenta el sector público por una razón simple: cuestan millones de pesos, un dinero que es imposible facturar por un informe estadístico de precios. Así como el INDEC de Moreno es una referencia sobre hasta dónde puede llegar la buena voluntad de un funcionario avalado por el poder político para distorsionar la realidad, y creérselo, las mediciones de los privados sólo sirven de referencia económica sobre lo que puede ser en parte el alza de los precios en un momento determinado de la historia.

Hay otro indicador quizá más serio que puede mostrar el verdadero aumento de los precios en los seis años de intervención morenista del INDEC. Desde aquel 2007, cuando comenzó todo, los sindicatos continuaron negociando sus paritarias con aumentos anuales promedio del 24% (entre el 22% y el 26% según el año). Si la inflación oficial hubiera sido cierta, en estos seis años (comparando el promedio del 9,5% contra el 24% anual de ambos indicadores), al menos los empleados en relación de dependencia con representación gremial y convenio colectivo de trabajo hubieran tenido un alza salarial real del 87%. Esto es, su capacidad de compra en estos seis años habría aumentado casi el 90%. Un verdadero "salariazo", obviamente inexistente. Tan inexistente como la medición final a diciembre de 2013: que una familia tipo argentina (pareja y dos hijos) puede comer, beber y sobrevivir con 6 pesos diarios y además tener un techo, transportarse y hasta gozar de cierto esparcimiento con 14 pesos por día.

Todo empezó una tarde de calor de diciembre de 2005, cuando Moreno, alertado por la inflación de noviembre de ese año, de más del 2%, desembarcó en el INDEC para "ver qué pasaba". Con su voz de mando en su mejor momento político, entró como una tromba y enfocó su mira en Graciela Bevaqua, la directora general de Estadísticas y Precios, que era responsable de medir y publicar el incomodísimo IPC. Moreno le pidió, el 29 de enero de 2007, que Bevaqua le enviara "urgente, ya, a mi escritorio" el listado de los comercios a los se les consultaba el precio de los productos con los que se medía la inflación. La funcionaria se negó terminantemente bajo el amparo de la ley de Secreto Estadístico que protege las fuentes de donde el INDEC obtiene sus datos para elaborar los indicadores oficiales. Bevaqua selló su suerte, y fue eyectada del cargo y reemplazada por Beatriz Paglieri, una funcionaria sin mayores pergaminos técnicos que con el tiempo se convirtió en una colaboradora directa de Moreno llegando a ocupar la secretaría de Comercio Exterior, por cuyo escritorio se levantaba o bajaba el pulgar para importar o exportar productos. A cargo de la medición concreta del IPC quedó Nestor Itzkovich.

Con Bevaqua se despedazó toda la conducción del INDEC del 2007, incluyendo a la directora de Condiciones de Vida, Clyde Trabuchi, que pidió "ser separada de su cargo" y semanas después renunció el entonces titular Lelio Mármora. Hubo decenas de desplazamientos, incluyendo el nombramiento de ex militantes efusivos de clubes de futbol del ascenso que tendrían la misión de controlar que los procesos estadísticos técnicos y econométricos se realizaran con el profesionalismo que Moreno pedía y con los números que desde Comercio Interior se ordenaban. Esto continuó al menos hasta ayer que se presentó el IPC de diciembre.

El balance de estos seis años fue terminal. El IPC dejó de ser referencia por ningún agente económico ni actor social ni tampoco por los propios funcionarios que elaboran los presupuestos sobre pautas inflacionarias que duplican y hasta triplican a los números del Instituto. Tampoco pasó la prueba académica que el gobierno ordenó en 2009 con Amado Boudou como ministro de Economía Consejo Académico de Estudio y Seguimiento (CAES) con profesores de las universidades de Buenos Aires (UBA), Mar del Plata, Rosario, Tres de Febrero y Tucumán. Se quería obtener un "certificado de calidad" al cuestionado IPC, pero se transformó en un bumerán ya que los profesores terciarios directamente dijeron que el indicador era algo así como una vergüenza nacional. Más técnicamente "lo que indica el IPC no guarda relación con lo que pagan los consumidores.

Boudou dio un golpe de timón en 2010 y llamó al FMI, el enemigo económico público número uno del gobierno nacional, para que "ayude" al país a elaborar un nuevo indicador que reemplace a IPC morenista. Finalmente, en octubre del año pasado, el directorio del Fondo, con Christine Lagarde a la cabeza, alabó la nueva propuesta oficial de elaborar un indice que incluya a todo el país sobre la base de las recomendaciones de los técnicos del organismo. Si Argentina cumplía con la recomendación, sería quitada del estatus de país al borde de sufrir una "moción de censura" por la falta de confianza de sus indicadores y, posiblemente, pueda volver acceder a algún crédito internacional si acepta las misiones previstas en el artículo IV del estatuto del FMI. Esto es, abrir las fronteras hoy cerradas para que los inspectores del Fondo digan que la medición de la inflación en el país es más o menos seria. La responsabilidad ahora es de Axel Kicillof. No pudieron en su momento Miguel Peirano, Martín Lousteau, Carlos Fernández, Amado Boudou y Hernán Lorenzino.